lunes, 2 de agosto de 2010

¿Por qué confiscar a la Seguridad Social?

Gonzalo Rodríguez
rodriguez.go@gmail.com

El gobierno se ha propuesto implementar un Sistema Único de Salud (SUS) que brinde atención médica con carácter universal y gratuito a la población boliviana, lo que resulta un propósito loable sin lugar a dudas. Sin embargo, ello se desfigura cuando no quiere poner los recursos necesarios y, por el contrario, en un despropósito inadmisible, busca echar mano a la totalidad de recursos: humanos, de infraestructura, de equipamiento y financieros de la Seguridad Social de corto plazo.

El anteproyecto de ley esbozado para el SUS, no solo compromete esa totalidad de recursos de la Seguridad Social, sino que, para el colmo busca encubrir lo que en la práctica resultaría una confiscación de bienes de una de las más importantes conquistas de los/las asalariados/as, bajo la imagen de que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental al que nadie podría osar oponerse.

Si bien es cierto que la salud es un derecho humano, pretende ignorar que la seguridad social también lo es, y basta citar el Art. 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el 9º del Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre DD.HH.

Como si ello fuera poco no se detiene a pensar que tal confiscación de recursos conlleva precisamente no ser consecuente con tales derechos y podría cometer actos indignos en contra de la nueva Constitución (CPE), que en su artículo 13, precisamente, establece que ninguno de los considerados en su texto como derechos fundamentales tiene mas jerarquía que el otro, que por el contrario estos son interdependientes e indivisibles y, por tanto no es posible socavar uno para cumplir con el otro.

Pero la lógica oportunista que caracteriza al actual gobierno no tiene reparos al respecto, y en el precitado proyecto de Ley del SUS, ve a la seguridad social como si solo fuera prestación médica y desconoce la integralidad que, como uno de sus principios esenciales, ha hecho que la Seguridad Social desde sus orígenes no solo vea lo biomédico como su función, sino la problemática socio económica de los/las asalariados/as y sus familias.

Precisamente gracias a ese principio, es posible que un/a asegurado/a, en tanto busca su restablecimiento de una enfermedad común, de un accidente de trabajo, de una enfermedad profesional o en situación de embarazo, tenga asegurado el reconocimiento de su salario para que su familia no pase hambre. Pero ello no parece importarle a la propuesta gubernamental y busca disponer de la totalidad de los recursos de esta conquista social.

Para legalizar tal confiscación en su proyecto plantea convertir lo que es el aporte patronal a la seguridad social en un "impuesto patronal", de manera que los titulares de tales recursos ya no sean las entidades de la Seguridad Social, sino solo y exclusivamente el Estado central.

Paralelamente a tales medidas, busca sacar ventaja de cierto nivel de insatisfacción de la población asegurada y beneficiaria, de manera que lejos de dar solución a los problemas busca materializar su idea de desaparición de la seguridad social como tal. Una de esas puntas de lanza al respecto es que trabaja sobre el estigma de que la Seguridad Social habría sido un privilegio y no un derecho, y debe quedar claro que si los/las trabajadores/as del mundo logramos que se reconozca como derecho humano es porque nunca fue privilegio.

Es más, no se debe olvidar que, cuando el Estado no podía o no quería materializar el derecho a la salud como atención médica gratuita, fuimos los/as asalariados/as que con nuestros aportes y los que comprometimos de nuestros empleadores/as, los que nos pagamos nuestras propias necesidades biomédicas y socio-económicas, que se presentan como contingencias comunes o propiamente laborales de nuestra actividad cotidiana.

Esos aportes siempre resultaron contabilizados como costos laborales, y así lo conviertan en impuesto no dejarán tal contabilidad, de manera que cada año ello siempre incide desfavorablemente en las negociaciones de incrementos salariales que en justicia nos corresponden. Sólo un desconocimiento de esa realidad, de la contribución cotidiana a la economía nacional y al progreso social, y que incluso le ha alivianado gastos al Estado en materia de salud, puede pensar erróneamente que somos privilegiados.

Ningún derecho es privilegio, ni existe jerarquías que permita discriminar un derecho respecto al otro, máxime si la propia constitución prohíbe toda forma de discriminación, por tanto ¿por qué confiscar a la Seguridad Social?