miércoles, 18 de agosto de 2010

Una traba para consolidar el comercio en la ciudad de Oruro

Eduardo Campos Velasco
eduardocamposdc@yahoo.es

Las modificaciones al Código Tributario y la Ley General de Aduanas, se constituyen en una traba para consolidar el comercio en la ciudad de Oruro.

En los pasados días, de la manera en la que está acostumbrado a aprobar sus leyes el gobierno (a media noche y sin consultar con nadie) se han introducido modificaciones al Código Tributario y la ley General de Aduanas; mismas que se constituye en verdaderos obstáculos para consolidar el comercio que se desarrolla en nuestra ciudad.

La bancada oficialista en la Asamblea Plurinacional, sosteniendo que su principal propósito es lucha frontal contra el contrabando, ha introducido modificaciones a ambas disposiciones (El Código Tributario y la Ley General de Aduanas) mediante la aprobación de 6 artículos y dos disposiciones.

Llama la atención que su pretensión de enfrentar el contrabando, no haya previsto introducir disposiciones referidas a los sistemas de control aduanero y tampoco referidas a la modificación de tributos y el comercio exterior. Simplemente han endurecido el carácter punitivo de la lucha contra el tráfico de mercancías.

En general lo que se ha modificado, son los alcances punitivos de los ilícitos tributarios, introduciendo criterios francamente contradictorios a los señalados por la propia Constitución Política del Estado, como es el caso del articulo 2 de la mencionada ley modificatoria que en su parágrafo II señala que "no se admite las medidas sustitutivas a la detención preventiva" en los casos de contrabando. Todos sabemos que la CPE establece como parte de las garantías ciudadanas, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el justo proceso.

Por otra parte, en el artículo 4 de dicha disposición, que modifica el artículo. 176 del Código Tributario, se introduce el concepto de "confiscación" para los casos de delitos tributarios aduaneros, permitiendo que los encargados del control, puedan confiscar las propiedades, depósitos, recintos, vehículos, lanchas, avionetas, etc., de los involucrados, en favor del Estado para ser entregados definitivamente a las FF AA, la Policía, el Ministerio Público u otras entidades. Este extremo, ni la ley 1008 que se considera tan dura, incluyo entre sus disposiciones, limitándose a la incautación.

La confiscación que conceptualmente es distinta de la incautación (que sólo está referida a la retención momentánea de los objetos y bienes involucrados), permitirá que a titulo de "contrabando" se puedan perseguir los bienes de cualquier persona. No sólo se trata de un riesgo para los bienes de los comerciantes (que según las modificaciones, tendrían la categoría de contrabandistas en potencia) sino de cualquier ciudadano que no comulgue con las esferas de poder

Finamente, en la disposición transitoria única, se establece que el Órgano Ejecutivo. (Que en buenas cuentas es el que controla todo) podrá disponer la participación de las Fuerzas Armadas en cualquier territorio determinado que considerasen necesario. Esto es en buenas cuentas, es que el gobierno, podrá decidir donde y cuando, las FF AA asuman el rol de aduaneros. Lamentable medida que una vez más muestra como se manosea a la institución tutelar de la Patria.

En lo que concierne a nuestro departamento y en particular a la actividad comercial que se desarrolla en la ciudad de Oruro, se trata de disposiciones que francamente ocasionaran que el comercio (uno de los puntales de la actividad económica de la región) se vea fuertemente perjudicada.

Los orureños, durante las 2 últimas décadas, de manera espontánea y sin ayuda de nadie (menos del gobierno) han desarrollado una fuerte actividad comercial que ha permitido superar la crisis minera en la que debatió luego de la famosa "relocalización". Este despegue comercial de los últimos tiempos es el que ha permitido que la región nuevamente vuelque su interés al aprovechamiento de su ubicación estratégica en los circuitos de comercio que vinculan a Bolivia con el mundo. De esa manera, proyectos como las carreteras Oruro - Pisiga y, Oruro - Ancaravi - Turco - Tambo Quemado, así como la Zona Franca, el Puerto Seco, el Aeropuerto Internacional y las excepciones tributarias a la industria en nuestra región, se constituyen "parte de un todo", que puede finamente hacer de Oruro, la puerta de ingreso y salida de la economía boliviana.

En ese contexto, las modificaciones aprobadas recientemente, así como otras anunciadas de suprimir el paso fronterizo aduanero de Pisiga, se constituyen en un atentado, no sólo a las reivindicaciones regionales, sino a la posibilidad de mejorar los niveles de intercambio comercial de Bolivia con el mundo.

Si hacen falta modificaciones a los temas tributario y aduanero en nuestro país, seguramente están más bien referidas a las políticas públicas de impulso al comercio y la industria y, el mejoramiento de las relaciones económico- comerciales con el mundo. Bolivia, entre sus problemas estratégicos no resueltos, tiene a la pobreza, la desigualdad, la baja producción y productividad y la incipiente inserción a la economía mundial, sus principales obstáculos.

La lucha de los comerciales y gremiales contra las medidas aprobadas por el gobierno central, es algo que supera el ámbito de sus particulares intereses y en todo caso, se trata de una de las principales reivindicaciones de la región. Hacer de la ciudad de Oruro, una Zona Económica Especial que consolide la extraordinaria ubicación geográfica que tiene en los circuitos de comercio a escala internacional, debe ser un reto de todos.