viernes, 10 de septiembre de 2010

BASTA

Rolando Morales Anaya
rolando@entelnet.bo

Alguna vez el Ché dijo: "Porque esta gran humanidad ha dicho BASTA y ha echado a andar". Creo que es lo que corresponde decir y hacer haciendo un alto en el proceso de cambio. Evo y el M.A.S. ganaron con el 64 por ciento en las elecciones de diciembre 2009, logrando tener mayoría en las instancias de poder. ¿Por qué intentan eliminar a la reducida oposición y alientan la lucha entre facciones rivales dentro del propio M.A.S.? Ganarían mucho si dejasen libres a la oposición, a los disidentes y a los críticos emitir sus opiniones, pues, sólo con el intercambio de ideas y el debate, el país podrá tomar buenas decisiones. De continuar la tendencia actual, el Presidente nunca sabrá lo que verdaderamente ocurre, pues terminará rodeándose de gente que le diga sólo lo que le place.

Esta situación es una piedra en el camino al desarrollo. En los últimos años, si bien la economía creció ligeramente más que en el periodo neoliberal y buenas son las perspectivas para los años que vienen, no hay avances en materia de desarrollo, entendiéndose éste como los progresos en materia de acumulación de capitales humano y social, la preservación de la naturaleza y la adopción de nuevos conocimientos. La acumulación de capital social está estrechamente asociada a la construcción de institucionalidad a la que los economistas dan mucho énfasis afirmando que sin ella no hay desarrollo. La tendencia actual, sin embargo, es la de destruir la poca institucionalidad creada hasta la fecha. Un ejemplo terrible es la distinción entre originarios y otros en la CPE otorgando a los primeros privilegios que se niega a los segundos. Otro más grave aún es la utilización del poder judicial con el propósito de destruir a la oposición, a los disidentes y a los críticos y, muchas veces para ejercer venganzas personales d ntro y fuera del partido y con antiguos aliados, mientras que los verdaderos delitos y crímenes pasan a los archivos, son olvidados paulatinamente y quedan impunes.

Acusaciones insuficientemente sustentadas han llevado a la silla de acusados a varios alcaldes y a un gobernador, algunos de los cuales han sido destituidos sin esperar juicio ni sentencia y otros están a la espera de que los acusen. En aparentes pugnas internas también han sido vertidas acusaciones contra autoridades y funcionarios designados por el propio gobierno. Las poblaciones de Potosí y de Caranavi, así como CONAMAQ no se han librado de imputaciones sobre presuntas alianzas con enemigos extranjeros. La oficina de Derechos Humanos ha sido allanada, sus dirigentes y el Defensor del Pueblo han sido puestos en cuestión por haber demandado el esclarecimiento de los muertos de Caranavi y el asesinato de un presunto atracador en oficinas de la Policía Nacional. No se han aclarado los hechos sangrientos de Huanuni 2006 y Uncía 2010. A varios expresidentes de la República se les ha iniciado proceso, al igual que a algunos candidatos a la presidencia en elecciones anteriores y posibles candidatos en comicios fu uros. Cerca de un centenar de personas están acusadas de presuntas complicidad con Eduardo Rozsa de quien no se sabe qué crimen cometió. Una línea comercial de aviación está sindicada por que este personaje habría tomado uno de sus vuelos. Dirigentes gremiales han sido puestos a disposición de la justicia por haber denunciado presuntos hechos de corrupción. La prensa es permanentemente acusada de proporcionar información tendenciosa y dañina al gobierno. Incluso el Cardenal fue objeto de denuncias oficiales.

En esta fiebre de acusaciones que van y vienen, es imposible distinguir el trigo de la paja. Lo que se sabe es que deja abiertas las puertas para venganzas personales, fomenta la corrupción, destruye la débil institucionalidad que caracteriza a Bolivia y daña al propio gobierno. Posiblemente, la disminución del apoyo revelada por las recientes encuestas tiene que ver con la apreciación ciudadana de los actos del gobierno en materia judicial.