viernes, 24 de septiembre de 2010

Desarrollo, responsabilidad estatal

Armando Méndez Morales
amendezmo@yahoo.es

La constitución del Estado Plurinacional de Bolivia determina que es atribución privativa del Estado dirigir y conducir el proceso de planificación económica y social, así como regular los procesos económicos de producción, distribución y comercialización. En este contexto ejerce la dirección y el control de los sectores "estratégicos" de la economía. También puede determinar el monopolio estatal de actividades productivas y comerciales. Esto implica que el sector privado empresarial boliviano pasa a jugar un rol "subsidiario" en el desarrollo económico. Los empresarios privados tienen que estar prestos a ponerse a disposición de lo que el gobierno diga y quiera, en función de su plan de desarrollo.

Con la llamada nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno lo que hizo es poner bajo supervisión directa de la empresa estatal YPFB a las empresas extranjeras que tienen contratos en Bolivia. Estas empresas siguen operando de manera independiente al gobierno y se sienten contentas porque con los precios elevados del gas no es un problema coparticipar con el Estado al 50 por ciento de los ingresos que se obtienen, decisión que viene de la Ley de hidrocarburos, promulgada antes del decreto de nacionalización de mayo del año 2006. Lo que ahora busca el gobierno y con urgencia, es asegurar que las empresas petroleras realicen todo el trabajo necesario para que en el futuro Bolivia pueda cumplir sus compromisos de exportación a Brasil y Argentina. Además, como el presupuesto público ha pasado a depender de manera significativa de los ingresos petroleros, lo que ahora interesa es asegurar estos ingresos, lo cual se puede hacer con el trabajo
eficiente de las empresas transnacionales del petróleo.

Las nacionalizaciones de otras grandes empresas "estratégicas" que se hicieron desde el año 2006 en adelante, revirtió el defectuoso proceso de privatización que Sánchez de Lozada impulsó, bajo el eufemismo de capitalización, lo cual continua, porque todavía no se conocen los acuerdos a que llegaron con los afectados, en términos de los montos indemnizables.

Si bien la Constitución Política del Estado no determina que Bolivia elige al "capitalismo de Estado" como modelo económico de desarrollo, todas las decisiones y acciones importantes indican que este es el camino elegido. Un modelo capitalista de Estado también se caracteriza por ser interventor en todas aquellas actividades privadas que así indique el plan de desarrollo. El Estado pasa a ser una autoridad en la administración tanto de precios que rigen para la actividad privada como también tiene autoridad sobre los volúmenes que pueda producir la empresa privada. El comercio exterior también debe subordinarse a las líneas del plan de desarrollo. Sólo se debe exportar algo que no afecte la satisfacción del mercado interno.

Con la decisión gubernamental de expropiar la parte accionaria de SOBOCE en la empresa chuquisaqueña del cemento, FANCESA, se debería esperar que las más de sesenta empresas que fueron de propiedad de la ex-Corporación Boliviana de Fomento como de las ex- corporaciones departamentales y que fueron privatizadas durante la década de los noventa, retornen a propiedad del Estado. De esta manera, el Estado ratifica su rol protagónico que en Bolivia ya jugó desde 1940 hasta el año 1985.

En este contexto, las declaraciones de los dirigentes empresariales en apoyo a los intereses de su asociado SOBOCE, sólo representan un aparente distanciamiento político entre las organizaciones empresariales y el gobierno, ya que ellos están proclives al diálogo y al entendimiento con el gobierno, lo cual es legítimo, ya que los empresarios están para ganar dinero. Los empresarios están buscando desesperadamente entendimientos con el gobierno para que éste implemente "políticas" que beneficie el desarrollo de la actividad empresarial privada en Bolivia; en el fondo, están pidiendo que los tomen en cuenta al momento de elaborar y ejecutar el plan nacional de desarrollo.

Independientemente de las razones políticas puntuales que el gobierno pueda tener, en particular, contra los intereses económicos de la familia Doria Medina, lo que debe quedar claro es que el gobierno está marchando por el camino que le señala la nueva Constitución Política del Estado aprobada, por primera vez, por un referéndum, el mismo que alcanzó el apoyo del 61 por ciento de la población.