domingo, 5 de septiembre de 2010

El proyecto de reforma al sistema pensiones

Alberto Bonadona Cossío
abonadona2001@yahoo.es

La seguridad social es un privilegio de la población urbana y de los trabajadores formales en Bolivia y en toda América Latina. La capitalización individual en pensiones abrió la posibilidad de incorporar a trabajadores independientes pero sus resultados son limitados. Por ejemplo, en Bolivia, las AFP registran 56.625 afiliados independientes al 31 de julio de 2010 de un total superior a 1.300.000 afiliados en los trece años de funcionamiento de este sistema.

Resultado tan bajo demuestra que el derecho a una pensión está lejos de ser universal. De aquí surge la necesidad de ampliar la cobertura a la vez que revela dos grandes dificultades para lograrla: la poca estabilidad en los puestos de empleo y los ingresos bajos de gran parte de la población. Debido a la primera dificultad, algo más de la mitad de los afiliados son trabajadores que no cotizan continuamente. Por tanto, la mayoría de éstos no alcanzará el monto mínimo para obtener una jubilación superior al 70% de su salario.

La segunda dificultad, es la que más seriamente afecta a gran parte de la población porque, simplemente, Bolivia es un país de pobres que deben primero preocuparse en su pan cotidiano antes que en aquel que comerán en 30 años o al momento en que, por su edad, deberían dejar de trabajar. Un problema estructural que se resuelve creando más riqueza y fuentes de empleo, o sea, con el desarrollo de la economía nacional.

En consecuencia, el aumento de la cobertura del sistema de pensiones, en el proyecto de reforma, se relaciona más con la primera dificultad que con la segunda. Así, propone la creación de un fondo solidario. Este permitiría, en primer lugar, la obtención de una pensión a los que no tienen un trabajo permanente y no pueden cumplir con la densidad de cotizaciones (años de aportes). En segundo lugar y de mayor relevancia en el proyecto, es que abre las puertas para que todo ciudadano boliviano que trabaje independientemente, sin relación laboral de dependencia, alcance una jubilación. Lo que quiere decir que no sólo el 25% de la población que históricamente se benefició con la seguridad social pueda tener la posibilidad de obtener una jubilación, sino que también campesinos, gremiales, choferes, empleadas domésticas y cerca del 75% de la población económicamente activa puedan lograr este beneficio.

Hasta aquí todo es color de rosa. El problema radica en que el financiamiento del fondo solidario hasta ahora diseñado para ese 75% de la población, potencial receptor del fondo solidario y que convertiría en universal a la cobertura al sistema de pensiones, no alcanza para tan elevado universo de individuos. Son cerca de 4 millones de ciudadanos los que se pueden beneficiar y el fondo solidario está calculado para 100.000 con un horizonte de 40 años. Esta estimación financiera actuarial no permite hablar de un sistema universal. Lo positivo es que, en el planteamiento de la ley, el fondo solidario no toca al sistema de capitalización individual para financiarlo. El cambio propuesto elimina a las AFP como entes privados y coloca un ente gestor público para administrar los aportes individuales, además que promete no tocarlos.

Sin embargo, el problema potencial no es inmediato y posiblemente no lo será de aquí a cinco o diez años. Lo que me preocupa es la convivencia entre recursos autofinanciados con aportes individuales y el fondo solidario (una bolsa común), particularmente por la gran demanda que, inevitablemente, éste generará . Con una endeble estructura financiera nunca llegará a ser universal pero crea una creciente expectativa que, en un no muy lejano futuro, sí amenazará al ahorro individual. Para cumplir lo ofrecido se debe pensar en los millones a quienes ese fondo cubrirá y reestructurar su ingeniería financiera.