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El 10 de octubre se conmemorará 28 años de retorno a la democracia en Bolivia. La fecha pasa desapercibida porque las nuevas generaciones desconocen la lucha emprendida por diversos sectores sociales por consolidar un proceso que costó sangre, luto, lágrimas, desapariciones, persecuciones y encarcelamiento de quienes se opusieron a los gobiernos militares.
La voz del pueblo estuvo embargada y los medios de comunicación sólo cumplían la tarea informativa, quienes fungían como autoridades eran puestos a dedo y respondían al régimen de turno. Bolivia vivió momentos aciagos y críticos como consecuencia de un manejo inadecuado de una endeble economía y cuyo punto culminante se produjo con la más devastadora devaluación del peso boliviano en el gobierno de Hernán Siles Suazo, el primero en el reinicio de la democracia. Los vaivenes políticos, la implementación de un modelo neoliberal y el retorno de Víctor Paz Estenssoro al poder, permitieron dar un giro en la alicaída Bolivia. Todo proceso de transición tiene un costo y a mediados de la década del '80 la denominada relocalización minera originó una fuerte migración interna, pero con la consiguiente pérdida de miles de fuentes laborales en los centros mineros del país.
Han transcurrido 28 años y la democracia sufre un proceso de transformaciones, el gobierno anti neoliberal de Evo Morales busca introducir nuevos conceptos en la idiosincrasia boliviana, el del socialismo del siglo XXI.
Bajo el rótulo de democracia, el actual gobierno decide hacer cambios y el primer objetivo es modificar la Constitución Política del Estado e introduce la palabra "plurinacional" y por ende desaparece el término "república" y lo sustituye por "Estado", tales puntualizaciones parecieran no tener mayor repercusión, cuando en realidad es la punta de lanza del proyecto de Evo Morales. Hoy, la democracia está en riesgo porque la Ley Antirracismo y Contra la Discriminación busca silenciar la libertad de expresión, acabar con los medios de comunicación contestatarios (al gobierno) y si con esto no bastara, secuestrar las licencias de funcionamiento como una forma de eliminar a quienes disienten con el oficialismo.
Vuelven a desempolvarse viejas artimañas utilizadas por los gobiernos de facto, el de privarle al ciudadano el uso de medios para hacer denuncias. Ahora el pretender denunciar puede tener castigo y sanción; peor si el imputado es alguien allegado al gobierno. La democracia nació con la libertad de expresión y ahora el gobierno con una ley sin consenso busca acallar las voces del pueblo, volvemos a retroceder y al parecer 28 años democráticos no sirvieron de nada si ahora la dictadura no es militar, sino está vestida de civil.
Los derechos ciudadanos vuelven a ser conculcados. No hubo pronunciamiento alguno del Defensor del Pueblo, claro fue nombrado por el oficialismo, ni tampoco Derechos Humanos efectuó posición alguna contra este atentado a la libertad de expresión y de prensa.
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