miércoles, 13 de octubre de 2010

¿Diálogo? para qué

Marco Antonio Navarro
marcoantonionav@gmail.com

La representante de Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yazukawa, mencionó hace pocas horas la búsquedad del diálogo como una alternativa de entendimiento con el gobierno a fin de permitir la participación de sectores de la prensa en la redacción del Decreto Reglamentario de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.

Yazukawa no puede exigir el diálogo cuando el gobierno no escucha, no busca el consenso y prefiere mantener una redacción sin alteraciones en el proyecto de Ley presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde antes de conocer el contenido de dicha propuesta estatal ya la aprobaron sin rechistar, salvo el senador Eduardo Maldonado que intentó entablar una conversación con la prensa, pero al final resultó fuera de la Comisión de Constitución por decisiones internas del MAS.

Naciones Unidas pudo ser el mediador entre el gobierno y la prensa boliviana, la tardía reacción de dicho organismo internacional es llamativa y no sorprende. Los Derechos Humanos son conculcados constantemente por las instancias gubernamentales y sólo para dar dos ejemplos: Nunca se establecieron responsabilidades por las muertes de ciudadanos en La Calancha (Sucre) y sigue similar camino la muerte de dos jóvenes en Caranavi (La Paz).

Cómo podemos creer en instancias como Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos si son los primeros en ocultarse y no emitir criterios anticipados sobre un instrumento legal donde 2 de sus artículos son atentatorios contra la libertad de expresión y de prensa, puntales en todo proceso democrático.

Todo lo contrario sucede con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que desde un principio solicitó al gobierno del presidente Evo Morales eliminar los artículos 16 y 23, pero es lógico dicha institución no es del agrado del Jefe de Estado y lo manifestó en reiteradas oportunidades.

Yazukawa no parece entender que la democracia en Bolivia está herida de muerte y todos aquellos que tengan una opinión diferente al gobierno son neoliberales, derechistas o representan a alguna élite, cuando en realidad los bolivianos no precisamos de tantas leyes, sino de mejores oportunidades de trabajo, mayor atención en salud, formación educativa de calidad, acceso sin restricciones a los alimentos de primera necesidad y de luchar de manera conjunta contra la pobreza, mal endémico que genera discriminación.

Mientras el gobierno siga enfrascado en acabar con los medios de prensa no alineados o de tumbar a las autoridades municipales y gobernadores opositores, los problemas sociales y económicos en el país seguirán ahondándose.

De nada sirve tener casi 10.000 millones de dólares "guardados" si prosigue el hambre, no hay fuentes de trabajo, el acceso a la salud es restringido, los niños y niñas en el área rural no culminan con sus estudios primarios por la necesidad de buscar el sustento diario, similar situación a los menores que viven en los barrios periurbanos, la disponibilidad de saneamiento básico es mínima, lo propio sucede con energía eléctrica o gas natural en los hogares bolivianos y la atención a los sectores productivos es ínfima.

El Índice de Desarrollo Humano sólo mejora en los papeles y no así en la realidad, estos aspectos son necesarios tomarlos en cuenta y Naciones Unidas es la llamada a velar por la mejor calidad de vida de los seres humanos.