martes, 9 de noviembre de 2010

Sostenibilidad

Armando Alvarez Arnal
mailto:aralar3@gmail.com

Entre las propuestas que viene haciendo el gobierno para reformar el actual sistema de pensiones está el pago de una Pensión Solidaria, cuyos montos, según la cantidad de aportes realizados por cada trabajador, se establecen en el proyecto de Ley. Si al momento de jubilarse el trabajador, con los recursos que hubiera acumulado en su cuenta personal, no puede percibir el monto de Pensión Solidaria que le correspondiera, de acuerdo a la cantidad de aportes que hubiera realizado, el monto faltante (Fracción Solidaria) sería financiado con recursos de un Fondo Solidario. Dicho Fondo estaría conformado con recursos a ser aportados por otros trabajadores, tanto dependientes como independientes, que tengan salarios o ingresos superiores a los 20 salarios básicos; un aporte patronal sobre el total de la planilla salarial y un porcentaje de las primas para cubrir el riesgo común y riesgo profesional.

La forma en que se pretende financiar la Pensión Solidaria que recae únicamente en las espaldas de los trabajadores y empresas formales que cumplen con sus obligaciones fiscales y sociales y la cantidad de posibles trabajadores a ser beneficiados, generan serías dudas sobre su sostenibilidad. De hecho, el propio gobierno ha reconocido que el Fondo Solidario tendría una sostenibilidad de 35 años. Lamentablemente, a la fecha, no se conoce ningún estudio técnico financiero que demuestre ello.

Las empresas informales, cuyos trabajadores podrían acceder a la Pensión Solidaria (siempre y cuando hubieran realizado voluntariamente un mínimo de 120 aportes) no realizarían aporte alguno. Si bien la Pensión Solidaria puede perseguir la universalidad en lo que a beneficiarios se refiere no sucede lo mismo con el universo de aportantes, generándose así una carga adicional sobre los trabajadores y empresas formales y consiguientemente un incremento a los costos de la formalidad. Como la sostenibilidad del Fondo Solidario dependería, entre otras cosas, de que en el futuro hayan mayores empresas y trabajadores formales que lo financien, al desincentivarse la formalidad, lo más probable es que el Fondo Solidario, antes de los 35 años que estima el gobierno, se quede sin recursos para pagar la Fracción Solidaria.

Por otra parte y a modo de ejemplo, si el Fondo Solidario es sostenible 35 años (suponiendo que le creemos al gobierno) implicaría que los trabajadores que se jubilen dentro de 20 años, percibirían la Pensión Solidaria durante 15 años, cuando se estima además que, para ese entonces, la esperanza de vida de la población que llega a los 60 años superará los actuales 19,7 años. Para complicar este escenario el proyecto de Ley establece que los trabajadores podrán jubilarse y percibir la Pensión Solidaria a partir de los 58 años (menos años de aporte y más años de pago de pensiones de jubilación).

En definitiva, lo que el gobierno está reconociendo es que los trabajadores que se jubilen en los primeros años de vigencia del sistema de pensiones que proponen (entre ellos dirigentes sindicales que apoyan la reforma) van a percibir mejores pensiones solidarias y por más tiempo que los trabajadores que se jubilen más tarde.