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Se ha replanteado con fuerza la vieja discusión sobre si deben o no existir subsidios. Inicialmente, los neoliberales se oponían, por principio y dogma, a ellos. Posteriormente, inventaron la expresión "subsidios condicionados" por el cual admitían entregar dinero en efectivo a algunos sectores de la población bajo algunas condiciones que tenían que cumplir. Así nacieron el Bono Juancito Pinto y Juana Azurduy de Padilla impulsados por el Banco Mundial. Pero, lo que no admiten es dar subsidios a la producción o a los precios porque afirman que eso distorsiona el mercado.
Como todo se puede y debe discutir, llegó el momento de hacerlo con los subsidios. El subsidio Juancito Pinto debería estar orientado a incentivar el desempeño escolar más que la asistencia, pues, la asistencia en países como los nuestros es irregular y no garantiza que los alumnos aprovechen la enseñanza. Este bono fue inicialmente mal orientado, pues, beneficiaba a los niños menores de 12 años cuando la cobertura escolar en este tramo de edad estaba próxima al 98 por ciento, mientras que la deserción en la adolescencia era grande. Se ha corregido ese problema; ahora vale la pena aumentar el subsidio para los adolescentes en un esquema de premios al aprovechamiento.
El factor de conversión de diesel a soya no es técnicamente aceptable, pues mientras que el diesel recibe un subsidio de 300 millones de dólares, el valor de la producción no llega a los 500 millones de dólares. Si se quita el subsidio al diesel, Bolivia dejara de ser competitiva en los mercados internacionales y dejará de producir soya. Una alternativa de política es la de entregar en dinero un subsidio de 300 millones de dólares a los soyeros en proporción a sus hectáreas cultivadas disminuyendo este monto en 20 por ciento cada año. Esto permitiría: a) eliminar el contrabando de diesel al Brasil, b) proporcionar a los productores un tiempo razonable para introducir mejoras tecnológicas que los hagan competitivos, c) iniciar la reconversión productiva, d) eliminar definitivamente este subsidio al cabo de 5 años.
El problema del subsidio a la gasolina es complicado pues beneficia sobre todo a los pobres. Una familia de 5 miembros de El Alto gasta en transporte 10- 15 bolivianos por día lo que significa alrededor del 20-25 por ciento del ingreso familiar. Si se quita el subsidio, su gasto en transporte llegaría al 40-50 por ciento de su ingreso, nivel que es económica y humanamente inadmisible. Se dice que el monto ahorrado quitando el subsidio podría ser devuelto a la población pobre bajo la modalidad de "subsidio condicionado en efectivo", pero, el subsidio a la gasolina es la forma más eficiente y eficaz de ayudar a los pobres. Cualquier otra forma es de difícil implantación. El subsidio a la gasolina puede ser financiado con las rentas del gas. Paralelamente, deberá desincentivarse su consumo promoviendo su sustitución por otras formas de energía. Se puede suponer que el control del contrabando de gasolina hacia Chile y el Perú es fácil.
La política de subvenciones no puede estar al margen de la política fiscal. En este plano, corresponde recomendar mayor transparencia, la supresión de gastos insulsos y la revisión la ley de hidrocarburos del año 2005. La población requiere también mayor información sobre los problemas en la producción de hidrocarburos y sobre las recientes negociaciones realizadas con las empresas petroleras. Lo que queda claro es que el D.S. 748 de fines de diciembre 2010, de no haberse derogado días más tarde, hubiera provocado un gran descalabro en la economía.
Los neoliberales tienen razón cuando afirman que los subsidios fomentan la ineficiencia. Es el caso de la producción de soya. En el caso de los hidrocarburos, el Gobierno debe tomar las medidas administrativas necesarias para evitar este problema.
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