lunes, 30 de mayo de 2011

Autos "chutos" vs Madre Tierra

José Luis Bedregal V.
bedregal1825@yahoo.es

El proyecto de legalización de autos "chutos" es una muestra de la incongruencia con que actúa el MAS, pues esta medida traerá consigo consecuencias que son totalmente contradictorias a las consignas que el "masismo" se ha encargado de posicionar en la sociedad.

Es así que los efectos ambientales de legalizar decenas de miles de vehículos con más de diez años de antigüedad y la consecuente contaminación, producto de las emisiones de dióxido de carbono en cantidades elevadas debido al nivel de desgaste de sus motores, van en contra de la pregonada defensa de la Madre Tierra, pues los niveles de acumulación de ozono nocivo para la población en las principales capitales de nuestro país, se elevarán considerablemente con consecuencias en la salud, principalmente de los niños y los ancianos.

La saturación de vehículos en las principales capitales, ocasionará el colapso del tránsito urbano, así como el incremento de la contaminación acústica, lo que va en contra de la "filosofía" del "Vivir bien", pues queda en nada la anunciada voluntad de convivir en equilibrio con el entorno y la naturaleza.

La norma muestra también lo errático que es el Gobierno a la hora de llevar adelante medidas de orden económico, pues mientras en diciembre intentaba reducir o eliminar el gasto por subvención a la gasolina a costa de la población, hoy abre las puertas a más de 120 mil vehículos (según publicaciones de prensa) que han venido ingresando por cientos a diario y que seguirán ingresando con protección del Estado durante los meses venideros, incrementando de esta manera el consumo de gasolina y, por tanto, el gasto por dicha subvención.

La contradicción de fondo, desde mi punto de vista, es que esta medida orientada a la legalización de lo ilegal era común en cualquier Gobierno neoliberal, para conseguir recursos para el tesoro (con denuncias de coimas en el Legislativo y el Ejecutivo de por medio) con el fin de cubrir los déficits presupuestarios. En este periodo de holgura económica, según datos gubernamentales no habría razón financiera para tal medida. Peor aún si manda al traste todos los esfuerzos extraordinarios de la Aduana Nacional y la credibilidad generada a partir de la prohibición anteriormente decretada, quedando al descubierto que por una u otra razón los contrabandistas de vehículos lograron nuevamente doblar el codo al Gobierno, hecho por demás nocivo para la credibilidad del Estado.

Luego de esta señal, es fácil suponer que los otros sectores demandarán el derecho de tener similar privilegio, entre éstos, los vendedores de ropa usada o de cualquier otro tipo de desechos provenientes de países industrializados, como ha venido ocurriendo en todo el periodo neoliberal gracias a las acuciantes necesidades del tesoro, la debilidad institucional y el afán de enriquecimiento de algunos legisladores y altas autoridades del Poder Ejecutivo. Esta medida, por tanto, desdice en el fondo cualquier intento de sostener que en Bolivia existe algún "proceso de cambio", pues se sigue actuando como en los últimos 40 años.

Finalmente, una ley se elabora ante la necesidad del bien común, en este caso parece no existir este bien común, sino únicamente el beneficio de quienes transgreden la norma. Las consecuencias ambientales, los daños a la salud, la carga económica y el desgaste político, parecen pesar menos para el Gobierno frente a un rédito que los ciudadanos desconocemos. Habrá que ver si el grueso de la población y las organizaciones sociales toman la palabra. La Madre Tierra seguro ya tiene una posición.