domingo, 15 de mayo de 2011

COMPRAR O FORJAR JUSTICIA

Waldo Albarracín Sánchez
waldito15@hotmail.com

Continúa la polémica sobre el reglamento de la convocatoria para preselección de candidatos a los cargos de la magistratura judicial boliviana. Se acusa al Órgano Ejecutivo de abusar de los más de dos tercios que ostenta en el parlamento, para imponer un instrumento jurídico que le permita consolidar el dominio de las más altas instancias jurisdiccionales.

El debate es insuficiente porque se concentra en el reglamento de marras, soslayando la causa histórica que determina la tradicional dependencia de los tribunales a los gobiernos. Los fallos judiciales, especialmente en casos de connotación política, no fueron ni son inspiración propia de magistrados, siempre se decidieron por órganos extrajudiciales. El otro tipo de dependencia es de naturaleza económica, el dinero fue y es factor fundamental para determinar el contenido de las resoluciones judiciales. Entonces la discusión focalizada en el susodicho reglamento distrae el análisis de fondo del problema. Queda claro que estos dilemas no serán resueltos en las elecciones de octubre próximo. Ello no le quita el mérito al inédito proceso electoral que experimentaremos, por tanto es más sensato aspirar a un proceso de cambio que podría iniciarse con la elección en las urnas de los mejores elementos humanos que tengamos en el país, pero no creer que la sola votación determinará la transformación real de uno de los bolsones más peligrosos de violación de derechos humanos, como son los tribunales de justicia.

Está por demás la confrontación entre oficialistas y opositores, ambos se acusan mutuamente de ser los autores de la corrupción institucionalizada y subordinación política del Órgano Judicial. Cabe aclarar que si bien la derecha usufructuó en demasía durante varios años de neoliberalismo de este dominio fáctico, convirtiendo a los jueces en los defensores de sus intereses, no es menos evidente que hoy el Gobierno nos sirve el pasado en copa nueva incurriendo en similar atropello. Si esa es la dimensión del problema, el debate debería ser más serio y profundo, se trata de buscar soluciones estructurales que promuevan un cambio real de los órganos jurisdiccionales en el país.

Para perfeccionar nuestra democracia no podemos repetir la historia con autoridades judiciales que muestren un perfil de mercaderes del derecho, vendidos al mejor postor. Esta anomalía no es responsabilidad exclusiva de ellos, son los estamentos políticos los que crearon las condiciones, soslayando la necesidad de que el ciudadano de a pie pueda encontrar tanto en la magistratura así como en el Ministerio Público, verdaderos forjadores de justicia y no comerciantes de la misma. Esa indefensión ciudadana dio lugar a una falta de credibilidad de la magistratura boliviana frente al pueblo, es más, de 100 ciudadanos consultados al respecto es probable que los 100 respondan que no creen en la justicia. La Constitución boliviana establece que el Ministerio Público representa los intereses de la sociedad, habrá alguna persona en Bolivia que se sienta representada y defendida por la fiscalía?.

Por otro lado no se debe caer en el error de confundir prohibición de campaña a los candidatos con restricción de la libertad de prensa. La primera está prevista en la Constitución, la segunda viola derechos universalmente reconocidos. Se trata de impulsar verdaderos liderazgos en los altos tribunales, también en la Fiscalía, pese a éstos no los elegiremos aún. En ese sentido, la depuración parlamentaria, no puede incurrir en la mediocridad de manipular el proceso para que sólo se elija a sus correligionarios, necesitamos promover a apóstoles del derecho impermeables a la presión política y económica, esos juristas pueden ser los verdaderos impulsores de la construcción de un sistema judicial diferente, acorde al proceso de cambio.