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La inseguridad y la violencia, fruto de intereses delincuenciales, se instalan en una sociedad aprovechando condiciones favorables para el ejercicio de sus actividades como lo hace cualquier otro negocio lucrativo. Este mal social se va apropiando de áreas de influencia en la medida en que va encontrando poca resistencia a sus actividades.
La práctica del delito puede llegar a constituir poderosas redes mafiosas que toman el control de las instituciones, incluso aquellas que justamente están creadas para frenar la actividad delincuencial.
Así ha ocurrido y ocurre en países azotados por el flagelo de las mafias que llegan a ocupar territorios y sacarlos del control estatal, como ha sucedido en zonas urbanas y rurales del Brasil, Perú, Colombia, México y varios países de la región.
Esta amenaza, que hoy se cierne sobre nuestro país y que nunca la sociedad boliviana había percibido con tanto temor como ahora, al ver sus calles tomadas por la delincuencia común y la delincuencia organizada, encuentra terreno fértil en la debilidad estructural de las instituciones del Estado boliviano.
El Ministerio de Gobierno carece de personal especializado en seguridad pública; otros ministerios como Defensa, Educación o Salud no asumen su rol en este tema, un ejemplo es la ausencia de políticas de prevención del consumo de drogas; la Policía Boliviana no tiene condiciones para elaborar e implementar un plan integral que alcance resultados medianamente esperanzadores y por el contrario, se debate en medio de un proceso crónico de descomposición que parece no tener solución. A esto se suma un cuestionado sistema judicial, leyes que se transgreden para favorecer el delito y un sistema penal no sólo ineficiente sino contrario a su fin.
Los niveles intermedios del Estado, es decir las gobernaciones departamentales, son más débiles todavía. Para nadie es un secreto el fracaso de la gestión de la mayoría de los gobiernos departamentales que por sus limitaciones internas (capacidades y recursos), no han podido generar acciones en éste y otros temas y, por tanto, menos aún han conseguido proponer políticas departamentales de seguridad ciudadana.
Ya en el ámbito local, pocos son los municipios que con algún resultado en materia de seguridad ciudadana y esto porque la mayoría no ha asumido esta responsabilidad o simplemente ha generado acciones de tipo voluntarista.
Habrá que destacar los esfuerzos generados en los municipios de La Paz, Santa Cruz, Tarija y Trinidad en la recuperación de espacios urbanos, iluminación de zonas de riesgo, dotación y equipamiento para la Policía, además de la ya concebida, pero poco productiva, construcción de retenes policiales o el esfuerzo por implementar planes de serenazgo municipal, como lo hizo El Alto en la gestión de José Luis Paredes. Estas acciones contribuyen con la seguridad de los vecinos pero continúan siendo esfuerzos aislados y poco sostenibles al no estar articulados con otros que sean desplegados por las gobernaciones y sobre todo la centralizada Policía Boliviana.
La Cumbre convocada por el Gobierno Nacional para tratar este tema es una oportunidad para corregir este escenario y tomar medidas que permitan: a) inversión de recursos en el marco de un plan estratégico quinquenal, elaborado por todas las instancias implicadas y apoyado por técnicos de países amigos que han logrado resultados destacables, b) construcción de cultura ciudadana de protección a la vida, la propiedad privada, los bienes públicos y el medio ambiente mediante acciones de información, formación, educación, y modificación de malos hábitos ciudadanos, c) una clara asignación de responsabilidades de los tres niveles de Gobierno y sus instituciones, d) descentralización inmediata de la Policía Boliviana, e) adecuación de los procedimientos sancionatorios, f) implementación de una nueva política penitenciaria enfocada en la rehabilitación social de los infractores sociales, g) formación de recursos humanos especializados en seguridad pública.
Bolivia está a tiempo de asumir las acciones necesarias para frenar este mal que amenaza la seguridad de los ciudadanos, dependerá de la visión de sus autoridades desarrollar una verdadera política pública que dé los resultados que la ciudadanía espera en lugar de un nuevo plan improvisado que fracase en el corto plazo.
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