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El despropósito que el régimen está imponiendo a la ciudadanía se devela perversamente claro: utilizarla para cohonestar la toma absoluta del Poder Judicial y, con ella, la del poder total, dado que ya controla el órgano electoral, amén del ejecutivo y el legislativo.
No observo esto de recién nomás. Lo hago desde que se discutía su inclusión en el mamarracho de Constitución que, finalmente por la fuerza y utilizando el mismo método de cohonestación, está vigente y que, por desgracia, nos rige.
Muy "demócratas", los voceros del régimen nos cuentan el papo de que en ninguna otra parte del mundo la gente vota para elegir a los miembros de las cortes judiciales; tampoco lo hace para elegir el Alto Mando Militar y no por ello vamos a ir a votar para elegir a los comandantes de las fuerzas armadas. Aunque siguiendo la fórmula que el régimen propone para el caso de la magistratura, una votación popular para elegir la cúpula militar pasaría primero por una preselección parlamentaria de los candidatos a ocupar las comandancias y las unidades de las FFAA –La rectoría de la EMI, por ejemplo- en la que, obviamente, los incondicionales al régimen llenarían la lista. De ahí en más no interesa quien gane pues, como en los casinos, "la casa siempre gana" –eventualmente, algún parroquiano se lleva unos quintos-. Eso sí, en esta hipotética elección, así como en realidad ocurre en la judicial, cualquiera puede anotarse; así pues, un sargento o un dragoneante tienen toda la posibilidad de ser elegido como Comandante General o de alguna Fuerza. Ridículo, ¿verdad?...
El asunto es que el voto popular no se aplica en estos casos, en ninguna parte evidentemente, porque la forma de promoción de los aspirantes surge de un escalafón, de una hoja de servicios, de una carrera institucional, de la meritocracia, de la probidad. El Congreso, en teoría, ratifica las puntuaciones y designa al o la más calificado(a)… si algo había que hacer era transparentar este mecanismo. De esta forma, ni examen se necesita.
Y encima, resulta que no vamos a tener la posibilidad de informarnos libremente –lo haremos con los datos que proporcione el órgano electoral oficialista- y que lo que vamos a marcar en la megapapeleta ¡son "números!. A eso le llamo la "cotelización" electoral: 45 para el Tribunal Supremo Electoral, 73 para el Tribunal Constitucional, 19 para el Agroambiental… ¡Por Dios! ¿Qué nomás hemos hecho para merecernos tanta turbiedad?
Por donde se lo mire, esto es un tongo. Entonces, ¿qué opciones le quedan a la ciudadanía consciente y demócrata dado que el daño está prácticamente hecho? Desgraciadamente, no muchas, y de las pocas prácticamente todas testimoniales. Más, antes de hablar de ellas, quisiera exhortar a los colegiados serios, probos y altamente calificados a no prestarse a esta burda maniobra con fachada democrática.
He decidido votar en blanco, con la plena conciencia de que los cargos en juego resultan de los votos válidos, y los blancos no se cuentan entre aquellos. Así entre nulos, abstenciones y blancos sumaran un 90% del padrón electoral, igual la plancha azul coparía el Judicial… curiosamente, este ejercicio –sumar los votos no válidos y los "Noes"- fue aplicado por el MAS para deslegitimar los referéndum autonómicos. Puede darse la figura recíproca y, como el régimen ve en cualquier tipo de elección un plebiscito, podría quedar espectacularmente desportillado, aunque con todo el poder a sus órdenes, que, a la larga, solo le serviría para eludir un inexorable Juicio de Responsabilidades por todas las tropelías cometidas con el nombre de "proceso de cambio".
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