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Aquellos tiempos de la elaboración de la Ley Contra la Discriminación, cuando el slogan "No hay democracia sin libertad de expresión" estaba en boga, me enfrasqué —como todo un activista— en una discusión en la que este servidor concluía en forma intransigente que ésa era la peor época de los medios de comunicación.
Sin embargo, debo confesar que mi eventual antagonista en esta polémica tenía una visión mucho más sabia y me dijo que éste sólo era otro mal momento para algunos periodistas —los que siempre lucharon por la independencia de la información— pero que de lejos, ése era el mejor momento para los medios de comunicación, "si no lo crees, mira la cantidad de spots gubernamentales en televisión y la tinta que los periódicos usan en la foto pagada de Evo", me dijo, situación que hacía que le cueste creer en la lucha honesta de los dueños de los medios en aquella contienda.
Y éste sólo es otro ejemplo, de los varios, en los que se diferencia el pensamiento entre los comunicadores y los propietarios de los medios. Situación que me trajo a la mente el escándalo de 2004, cuando la revista El Juguete Rabioso —que todavía estaba en las calles— hacía conocer el famoso "Anexo D", que era una polémica planilla de YPFB de jugosos honorarios por consultorías a autoridades, intelectuales y políticos de aquella época; así como pagos por publicidad a los principales medios de comunicación, con dinero que salía "donado" de las arcas transnacionales, supuestamente para defender la "seguridad jurídica" y la capitalización, ¡tiempos neoliberales!
Esta situación, que, de acuerdo con la revista, sólo demostraba el sometimiento hacia el poder petrolero y la pobreza franciscana en la que quedó YPFB, que dependía de "las limosnas de las transnacionales", fue polemizada por los trabajadores de la prensa, que alegaban que los beneficiados con la repartija de más de 14 millones de dólares del célebre Anexo eran los dueños, no ellos.
Y claro que se puede hablar de pobreza, si comparamos los 130 millones de dólares de presupuesto que tenía en 2004 la olvidada YPFB residual, con los más de 7.000 millones de dólares que este 2011 cuenta ahora la nacionalizada empresa. En aquellas épocas de Carlos Mesa, los directores de YPFB sólo contaban (según su presupuesto) con 100.000 dólares para publicidad y 300.000 para consultorías, entonces —como nunca alcanza la plata— segurito que pedían esa pequeña "colaboración".
Ahora a los directores del fortalecido YPFB les debe ser más fácil y aunque seguro dirán que es porque la empresa administra toda la cadena productiva, es innegable que se puede hacer mucho con 2,5 millones de dólares para publicidad y otros 13 millones para consultorías, un poquito más de lo del Anexo D, ¡tiempos de cambio!
Estos datos no son propios de YPFB, sino en general de los gastos corrientes del Estado en tiempos plurinacionales, pues si en 2005 la publicidad estatal (cifras oficiales) no pasaba los nueve millones de dólares, este 2011 casi alcanza los 30 millones, como tres veces más, ¡albricias para los potentados dueños de medios!
Pero estos magnates no son los únicos suertudos, también lo son los "consultores", pues haya o no más "anexos D"; según el presupuesto fiscal, el monto de honorarios para los intelectuales que hacen estudios para el Gobierno subió de 56 millones de dólares en 2005 a 195 millones en 2011.
Odiosas son las comparaciones, pero hay que hacerlas, y si el Gobierno se jacta (casualmente en publicidades) de que los ingresos tributarios y la inversión pública entre 2005 y 2011 casi se han triplicado, también deberían decirnos, ¿por qué del mismo modo se triplican los gastos?, ¿la relación es proporcional?, ¿o es que se está haciendo algo mal? Tiempo de mirarse al espejo y no ver sólo el lado bueno.
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