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Pareciera un contrasentido: a principal ley que debiera normar, regular y establecer líneas maestras de la principal actividad económica boliviana, como es el tema energético y de hidrocarburos, continúa en rezago, en "lista de espera".
Si el Poder Ejecutivo no ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto oficial, consensuado con ls regiones productoras, al Parlamento, pues entonces el Parlamento debiera tomar "el toro por las astas" y empezar a debatir un proyecto de Ley de Hidrocarburos.
Recordemos que en 2005: la principal oferta política de esta administración estatal fue la nacionalización e industrialización de hidrocarburos. Ambos discursos no han funcionado en la medida en que sugirieron.
Ni hay un nuevo esquema de mejores inversiones en el sector ni despegó la industrialización de gas en valor agregado.
Técnicamente se comprueba la reducción de producción interna de gas y líquidos y que han ocasionado que Bolivia esté, de momento, fuera de nuevos clusters de mercados demandantes de productos derivados de materia prima en el Continente: la idea era -y será en el futuro- hacer de Bolivia un centro exportador de valor agregado.
Lo incomprensible: la actual administración estatal tiene mayoría legislativa pero a la fecha ni y logró debatir ni sancionar una "ley madre" para el desarrollo boliviano: la Ley de Hidrocarburos.
En la perspectiva económica: datos públicos -y analizados por expertos economistas- certifican que la política de nacionalizaciones alentó una sistemática caída de inversión en exploración, producción y desarrollo de nuevos reservorios. Y en esa "lógica" la nacionalización no atrajo dinero para grandes emprendimientos en infraestructura energética ni menos en producción de valor agregado al gas.
No es extraño pero la ausencia de inversiones demuestra que por haber menos pozos perforados y en explotación, además de problemas de refino y abastecimiento, hay desequilibrios en la oferta y demanda de gas y electricidad. En el tema eléctrico sería una pena que en el país hayan cortes programados -como en la poderosa Venezuela que no puede tener corriente eléctrica en varios de sus estados, cabalmente por la ausencia de política públicas especializadas-.
Varios especialistas -cuyas ideas me suscribo plenamente- han sugerido hasta el cansancio que los hidrocarburos convenientemente industrializados serán el producto "estrella" de exportación boliviano: a partir de darle valor agregado al gas en electricidad, en plásticos, en nuevos combustibles como metanol, urea, sales y fertilizantes y toda la gama de petroquímica, además de cogeneración de electricidad a partir del gas natural.
No han sido pocos los debates sobre las debacles por las que atravesó el sector hidrocarburos que redundó negativamente en caída de ingresos por IDH y regalías para las gobernaciones, municipios, universidades y para el mismo Gobierno Central, con impacto negativo en proyectos de inversión social e infraestructura.
No logran entender: el gas es el principal producto boliviano, sus derivados nuestra posibilidad de reducir la pobreza, y una ley sectorial es absolutamente imprescindible en éste tiempo en el cual lasinrgias entre países demandantes de energía y países con posibilidad de oferta pueden darse en el marco de complementariedades e integración plena.
La importancia de aquí a futuro es consolidar una nueva Ley, y alianzas del Estado boliviano con compañías privadas multinacionales para financiar la exploración de nuevos territorios; certificar comercialidad de nuevos reservorios, desarrollar inversiones en perforación y explotación, además de buscar y consolidar otros mercados con construcción de nueva infraestructura.
Desde 2006 se viene sugiriendo que el Presidente convoque a un Consejo Nacional de Energía e Hidrocarburos en donde todos los sectores privados, sociales y académicos diseñen una propuesta de Nueva Política Energética con su respectiva legislación para volver a abrir el país a la inversión internacional.
Tampoco debe dejarse de lado el financiamiento de proyectos energéticos bolivianos: es importante que se movilicen hasta 6.000 millones de dólares de las RIN en echar a andar toda la cadena energética, incluyendo procesos de industrialización a escala del gas natural.
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