oscarortizantelo@gmail.com
En las últimas semanas el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha advertido reiteradamente que procesará penalmente a quienes promuevan el voto nulo en las próximas elecciones para autoridades judiciales, al igual que el Fiscal General del Estado. Estos anuncios reflejan una mentalidad autoritaria y violatoria de los más elementales derechos humanos en una democracia. Votar nulo es una forma de practicar la libertad de expresión y de participación democrática que siempre ha sido reconocida y debe ser respetada.
Las amenazas proferidas por las citadas autoridades, reflejan el autoritarismo que caracteriza a las autoridades de los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia. Todo se pretende resolver por juicios penales para quienes se atreven a contradecir los planes y anuncios del oficialismo para continuar el proceso de concentración total del poder.
Igualmente, expresan el nerviosismo que contagia a las autoridades nacionales por el creciente rechazo ciudadano frente a unas elecciones en la cual se pretende institucionalizar como principio la conocida frase de votar y no elegir, tanto por la preselección de candidatos por el rodillo de oficialista en las Cámaras de Diputados y Senadores como por la carencia de información sobre los candidatos que imponen las normas que regularan la prohibición de hacer campaña en estos comicios.
El problema de fondo es que las elecciones por voto popular de los principales jueces y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, algo inédito en el mundo, pretenden legitimar con la participación ciudadana la toma de un sistema judicial que en los hechos ya perdió toda independencia frente al Movimiento al Socialismo.
Por ello, cualquier manifestación ciudadana que mediante el voto rechace esta pretensión, no impediría la elección pero si afectaría el fin de estas elecciones, pues cuestionaría la legitimidad de las futuras autoridades judiciales, así como su falta de independencia para garantizar los derechos humanos en Bolivia.
Sin embargo, por más que esta posibilidad preocupe, irrite y altere a las autoridades de gobierno, en una democracia, el voto nulo y el voto blanco son un derecho al igual que el voto por cualquiera de las opciones en competencia. El elegir una de esta opciones es una manifestación legitima de la voluntad del soberano que mediante este tipo de voto ejerce su derecho democrático al sufragio y, al mismo tiempo, envía una señal de manifestación ciudadana al sistema político y a la opinión pública en general, dejando constancia de su inconformidad con determinadas circunstancias.
Por eso, en todo sistema democrático los votos blancos y nulos son contabilizados y forman parte de los resultados electorales, tal cual como siempre se ha hecho en Bolivia, por lo que reinvidicar el ejercicio de este derecho es defender la democracia, independientemente de la opción que cada uno vaya a asumir.
No hay comentarios:
Publicar un comentario