martes, 1 de noviembre de 2011

TRASFONDO DEL CONFLICTO TIPNIS

Oscar Ortiz Antelo
oscarortizantelo@gmail.com

La promulgación de la ley que anula la carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) ha permitido superar un conflicto que duro más de dos meses y que llevo a la sociedad a un nuevo escenario de polarización y de tensión. Cuesta entender porque el gobierno del MAS tuvo que llegar a este punto de casi suicidio político para atender el principal reclamo de los pueblos indígenas que anteriormente decía defender.

El problema de fondo, en mi opinión, radica entre una profunda contradicción entre la visión de las autoridades de gobiernos y los pueblos indígenas sobre quienes pueden reinvidicar territorios indígenas. Los pueblos indígenas sostienen que ellos son quienes los habitan desde tiempos precoloniales y son quienes han luchado por lograr esta condición desde hace mas de dos décadas.

Entre quienes dirigen el MAS y gobiernan el país, por su parte tienen posiciones que difieren profundamente con esta visión. Sucesivas declaraciones del Vicepresidente y del presidente del Estado se refieren a los pueblos indígenas como poblaciones minoritarias que no representan más del 3% de la población y que, por lo tanto, no pueden pretender controlar inmensas extensiones de tierra, que deben compartir con las poblaciones mayoritarias de las tierras altas.

Por eso el conflicto fue tan intenso. No se trataba simplemente del TIPNIS sino del precedente que crearía para el conjunto de los territorios indígenas. Sabían que si el gobierno lograba su cometido de que los cocaleros del Chapare consolidasen su control dicho Parque Nacional, los otros territorios indígenas caerían uno tras otro.

Para el MAS, los pueblos indígenas fueron indispensables para justificar el diseño de la nueva Constitución, basado en el establecimiento del carácter plurinacional del Estado boliviano, pero hoy se han convertido en un estorbo para sus planes de control territorial de la geografía nacional mediante migraciones dirigidas de las tierras altas a las tierras bajas para asegurarse el control político y electoral de las regiones que aún no controla.

Por eso, el actual oficialismo introdujo en la Constitución el concepto de territorio indígena originario campesino. Indigenas y originarios son los pueblos minoritarios de tierras bajas y altas. Campesinos pueden ser cualquier grupo poblacional que migre de un territorio a otro. Existe una marcada tendencia en el gobierno de otorgar derechos de control territorial a campesinos migrantes en territorios a cientos o miles de kilómetros de sus lugares de origen, lo que inevitablemente chocara con los derechos reclamados por los pueblos indígenas.

El fondo del conflicto persiste porque además y dado que la tierra en sí misma no garantiza salir de la pobreza, los principales sectores campesinos que pugnan hoy por seguir expandiéndose hacia las tierras bajas son los cocaleros del Chapare, base política fundamental del actual gobierno.