Seguridad in extremis

Julio Hector Linares Calderón
juliolinaresc@hotmail.com

Déjà vu el del viernes en la noche, militares y sus botas caminando por calles paceñas. Pero mi visión no es de tiempos de dictaduras —era niño aquellas épocas—, sino de sendas oportunidades en las que los gobiernos neoliberales también mandaban a camuflados a las calles —unas semanitas—, eso bastaba para apaciguar ánimos exaltados que clamaban por mayor seguridad. Nada cambia.

Carlos Romero descalifica políticamente a Del Granado, que denuncia que sólo cuatro de cada diez policías están en las calles, le dice gonista —nada es peor en estas épocas— pero nunca dice cuántos verdes en realidad están en las calles haciendo lo que deben hacer. ¿Cuántos están en las calles, señor Ministro?

También anunció buenas iniciativas en el anteproyecto de Ley de Consumo de Bebidas Alcohólicas que pidió expresamente el Presidente —el que dejen de farrear jaloneando a sus güagüas al menos es imperativo—. Pero no es muy diferente al que aprobó hace unos años el Concejo paceño; regulando los horarios de expendio de alcohol y prohibiendo, entre otras cosas, el consumo en las calles. La única y tremenda salvedad es que no hay quién controle su cumplimiento, más claro: ¡No hay policías!; y los beodos disfrutan de las calles y bares a toda hora. ¿Los hacedores de este proyecto habrán consultado al alcalde Revilla cuál es su experiencia?

También anuncian la pronta aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana —lo vienen haciendo hace años—. Ésta deriva de innumerables cumbres de seguridad ciudadana que definieron, como una de las principales metas, que el 10% del IDH debe ir a seguridad ciudadana. Como siempre, el análisis fue financiero y en base al principio de que hay plata que no se gasta. ¿Alguien presentó algún proyecto?, ¿el 10% alcanza para que los cogoteros desaparezcan?, ¿vieron con los alcaldes cómo llenar de policías los módulos que éstos construyen, muchos ahora abandonados?, ¿otra vez se gastará por gastar?

Un estudio de la empresa Real Data para el Ministerio de Gobierno, dice que en el último año, casi la mitad de la población de las cuatro ciudades más grandes del país han sufrido un tipo de delito y que el 37%, más de un delito. Sólo el 17% fueron denunciados y de estos -según los encuestados- sólo el 18% fueron aclarados. La gente que no hizo la denuncia explica que fue porque no cree que esta tenga resultados y más del 50% porque no cree en la Policía, menos en la justicia.

Esta es la realidad, no necesitamos de más aspirinas, sino de una reestructuración total de la Policía, en base a políticas coordinadas con los niveles autonómicos y una revalorización de la justicia, que lanzando la coca, definitivamente no se va a dar.