viernes, 27 de abril de 2012

AUTONOMIA DE PAPEL

Julio Hector Linares Calderón
juliolinaresc@hotmail.com

18 abriles. Un poco de nostalgia, otro de herejía –pues nos encontramos en tiempos en los que todo lo anterior a lo plurinacional es perverso- y a riesgo de ser llamado sedicioso al recordar el aniversario de una norma de la gestión de Sánchez de Lozada, creo necesario recordar la Participación Popular, que reconociendo todas sus fallas, revolucionó la gestión pública del país y construyó el cimiento autonómico.

Tres meses antes de la promulgación de la Ley de Autonomías (2010), recordaba en un foro _a una audiencia de líderes que surgieron de lo local y hoy representan a la ciudadanía en diversos espacios estatales_ las virtudes del Alcalde: la puerta de entrada al Estado y la manera directa de expresar las necesidades ciudadanas.

Es un personaje revalidado junto a la democratización de los recursos nacionales. Antes de abril de 1994, los alcaldes en el país no eran más de 25, y se estima que la inversión municipal sólo significaba el 2% de la nacional y el poco dinero era asignado casi completamente a las tres ciudades grandes.

La Participación Popular destinó el 20% de los impuestos a 311 municipios —ahora 337— proceso consolidado con los ingresos del IDH; logrando que entre el 2005 y el 2010, al menos la mitad de la inversión pública nacional se origine desde el nivel municipal.

Los datos que arrojé aquella oportunidad eran claros: desde 1994 los gobiernos municipales construyeron más de 1.100 escuelas y alrededor de 1.300 centros de salud. El proceso local se apuntaló atendiendo gratuitamente desde el 2003, más de 500 mil partos con el SUMI y afiliando desde 2006 como 150 mil personas en el Seguro del Adulto Mayor. Casi dos millones de niños reciben su desayuno escolar y nuestros ancianos su Renta Dignidad, con dinero que es financiado en más del 40% por plata municipal.

Esa información los hizo fuertes y ejemplo de unidad gremial como poseedores de instituciones asociativas consolidadas. Eso le otorgó al movimiento municipalista la fortaleza para ser acérrimos defensores de sus competencias e ingresos, contraparte técnica del gobierno central, propietarios de su gestión administrativa; y fuente de líderes nacionales.

Con la aplicación de la ley autonómica, se cerraba el primer ciclo de la descentralización, que reglamentaba la ascensión de las autonomías en la CPE. Se abría una etapa con muchas expectativas de alcaldes y ciudadanía, pues la divisaban como la oportunidad para corregir gruesos errores como la inequitativa distribución de recursos, la inflexibilidad de las leyes que demoraban la ejecución presupuestaria, las limitaciones en las capacidades técnicas, el poco control de la calidad de las obras y los problemas de gobernabilidad, entre otras cosas.

Pero sobre todo, se esperaba que su articulado resuelva los profundos problemas de las políticas públicas existentes. Para muestra, el tormentoso sistema de salud pública, que en parte es financiado por sólo el 10% de la Coparticipación Tributaria de las alcaldías, haciendo que la discusión actual de las 6 u 8 horas de trabajo sea falsa. Lo que aquella ley debió asumir era un sistema de financiamiento y distribución de competencias, que ahora es desastroso, porque fue agravado al delegar la responsabilidad del tercer nivel de atención a gobernaciones con presupuestos paupérrimos. Sólo un ejemplo de la oportunidad perdida.

Paralelamente, el gobierno central se dedicó a descalificar, perseguir, y dividir a los alcaldes; y proteger con prebendas a los fieles del oficialismo. Utilizaron la nueva Ley autonómica para lo único que ahora es eficiente: provocar más ingobernabilidad e incrementar curiosamente el número de alcaldes masistas, con la decisión de un juez o de un fiscal, no por votos.

Asimismo, se dictaminaron – en leyes, decretos y resoluciones ministeriales- procesos administrativos extremadamente centralistas y rígidos, que menoscaban la autonomía municipal y obstaculizan la gestión presupuestaria, porque imponen la amenaza de la confiscación de sus ingresos.

Sin embargo, las autoridades locales tampoco colaboran mucho a la causa, tanto cambiaron las cosas, que una nueva exposición de los hechos relevantes del nivel municipal, tendría que referirse también a asesinatos de concejalas, acosadores de mano larga, peleas gremiales -de cocina- entre sus líderes, arrestos por narcotráfico, corrupción y recursos paralizados en cuentas fiscales.

No se puede negar que aunque la municipalización cumplió su mayoría de edad, se halla en su momento más difícil y que la autonomía se quedó en la intención romántica de la CPE, pues nadie se ocupa de ella de manera legítima; sólo el tiempo dirá si éste fue el fin oculto del actual gobierno. Sin embargo, está en manos de los líderes locales reflexionar y rehacer la autonomía local y el que eligieron los últimos dos años, no es el mejor camino.