martes, 18 de septiembre de 2012

AUTONOMIA Y DEMOCRACIA

Oscar Ortiz Antelo
oscar.ortiz.articulos@gmail.com

Atendiendo a una conferencia sobre el modelo federal alemán, escuché una explicación del expositor muy valiosa sobre uno de los principales motivos por los cuales, después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán adoptó este sistema de gobierno para distribuir el poder de tal forma que nunca más nadie pudiera concentrarlo en una sola persona o en un solo partido, evitando así cualquier posibilidad de retorno del totalitarismo que tanto hizo sufrir a su pueblo y al mundo.

Los procesos de descentralización del Estado tienen muchos objetivos y beneficios, especialmente en materia de gestión pública, donde se espera que las autoridades electas directamente por el voto popular, en niveles más cercanos a la gente, atiendan mejor sus necesidades, gracias a que las conocen porque las viven y, al mismo tiempo, sean objeto de un mejor control social, porque la ciudadanía puede observar y evaluar desde más cerca su trabajo, para premiarlo o castigarlo en la próxima elección. En el mundo de hoy, incluso, no hace falta esperar la próxima elección porque la opinión pública realiza una evaluación constante de sus autoridades a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Sin embargo, lo que nunca debemos olvidar es que la democracia es, en esencia, un sistema que limita el poder de los gobernantes y lo distribuye en muchos niveles y en diversas instituciones de la estructura estatal. De esta forma, más allá del ejercicio del voto que efectúan los ciudadanos cada cierto periodo de tiempo, la democracia garantiza que la natural propensión de los gobernantes a concentrar el poder sea contenida por instituciones que protegen los derechos de la gente, especialmente de aquella que piensa diferente.

Por esto, la decisión de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz de rechazar la suspensión del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en consideración a que los tratados internacionales de derechos humanos y nuestra propia Constitución establecen que una autoridad elegida solo puede ser apartada de su cargo por el voto del pueblo o por sentencia condenatoria ejecutoriada, marca un hito fundamental en la defensa de la democracia boliviana y en la consolidación de las autonomías departamentales, como elemento fundamental de la nueva Bolivia que debemos construir en el siglo XXI.

No es casualidad que el Movimiento Al Socialismo haya introducido en la Ley Marco de Autonomía una disposición por la que se puede suspender a autoridades elegidas, como gobernadores, alcaldes, concejales municipales y asambleístas departamentales, que ya le ha servido para intervenir las Gobernaciones de Beni y de Tarija, y de muchos municipios opositores. Es porque un proyecto que quiere consolidar un sistema donde un partido controla todo el poder estatal y territorial, simplemente es incompatible con un sistema de autonomías que distribuye y limita el poder central.

La defensa y consolidación de las autonomías pasan inexorablemente por la defensa de la democracia.