Pedro Portugal Mollinedo
pedro-portugal@periodicopukara.com
Recientemente fue presentado el libro "Los dilemas de la minería"[i] Este libro propugna ideas novedosas para entender por qué lo que en Bolivia debería ser una avenencia en la bonanza económica, se ha convertido en un conflicto. Henry Oporto, en el citado libro, señala la fatal disyuntiva que parece asechar: "…o se persiste en un camino destructivo que hará retroceder por décadas a la minería, convertida apenas en una actividad que languidece, o se da un golpe de timón para reencauzar el desarrollo minero hacia el desafío de la competitividad y la modernización, en el marco de una nueva política sectorial…".
Ese necesario "golpe de timón" para que sea eficiente debe ser entendido desde diversas perspectivas. El libro indicado publica un artículo mío, bajo el título de "Comunidades Indígenas y Explotaciones Mineras", que busca aportar desde un ángulo sociológico e histórico a ese objetivo común. En ese espíritu, me parece importante desarrollar y profundizar algunos elementos implícitos en mi citado artículo.
Lo primero es determinar la naturaleza de los conflictos que las comunidades protagonizan en relación con la minería. Los medios de comunicación, desde hace mucho tiempo, nos informan de tomas e intervenciones de minas privadas por parte de comunidades. Los conflictos entre mineros asalariados del Estado y mineros cooperativistas, presentan también otro enfoque de una misma evidencia: En Bolivia, la población de origen indígena, sea esta habitante de comunidades o integrante de un sector productivo estatal o privado, no manifiesta una oposición a la extracción minera, sino que expresa más bien el interés de participar protagónicamente en su explotación.
Esta evidencia, que fue ya hace varios años explicitada por investigadores como Ana María Aranibar, no ha recibido la atención que merece por parte de los poderes públicos y privados. Fundamentalmente porque hasta ahora ni el gobierno ni los privados ponen en cuestionamiento las bases fundadoras del sistema social y político que vivimos.
Sin embargo, ese sistema es defectuoso e injusto. Es inviable y si continúa tal como no sólo provocará, como lo ha hecho, la consolidación de desigualdades escandalosas y de marginamientos indebidos, sino que complotará radicalmente contra la estabilidad y la perspectiva de un proyecto común en estas tierras. Esta realidad, que debe ser remediada, es la segregación y supeditación de la población originaria a partir de la llegada de los españoles a esta parte del continente en 1532.
A las consecuencias de ese hecho histórico, social y política podemos darle denominaciones distintas, lo mismo que al proceso que ha de resolverlo. Quizás la díada colonización – descolonización, sea la que mejor convenga. Pero, en términos políticos, lo importante no es cómo se denomina a priori algo, sino cómo se diseña su solución. Así, aquello llega a ser consecuencia de esto.
En los momentos que vivimos, la solución de este problema se ha confundido lejos de esclarecerse. El actual gobierno que tomó fundamento de legitimidad en la situación que indicamos y que hizo de la descolonización uno de sus ejes de cambio, parece paralizado por el descubrimiento de realidades que suponía, pero de las que ignoraba su naturaleza.
Es así que la actual administración quiso resolver este problema en base de dos supuestos. Primero, que el mundo indígena estaba obsesionado por el problema de identidad cultural y de que esa identidad se articulaba en torno a una cosmovisión de tipo pachamamista. Segundo, que, como consecuencia de lo anterior, la población indígena era portadora de modelos de organización social, de dinamismo productivo y de intercambio radicalmente diferentes a los occidentales y, sobre todo, a todo aquello que tenga tufo de iniciativa individual o de mecanismo de tipo capitalista.
La realidad ha desmentido esas apreciaciones, lo cual sería positivo si sólo se tratara de una investigación académica o de una discusión intelectual, al ser una contingencia que nos aproximaría más al conocimiento verdadero del fenómeno. Tratándose de políticas públicas y de prácticas administrativas de gobierno, es más bien desastroso. Cuando un gobierno ve desmentido sus mitos fundadores, tiene sólo dos salidas: la reconversión o la fuite en avant.
Sobre la reconversión me refiero a volver a las intuiciones iniciales de algunos de los principales personeros de este gobierno. Esas intuiciones, aun cuando inacabadas y esquemáticas, eran susceptibles de generar un conocimiento y una práctica más acorde con nuestra realidad. Empero, es más tentador, desde una posición gubernamental, la fuite en avant, es decir, para salir de una situación desesperada utilizar los mismos mecanismos (y las mismas creencias) que nos pusieron justamente en la condición entrampada que se quiere superar.
El pachamamismo, fundamentado más en el esoterismo y el culturalismo occidental que en nuestras propias tradiciones, ha sido la ideología que ha conducido al gobierno al actual impasse. La teoría se quedó en el papel y la práctica demostró al indígena emprendedor, racional, moderno, productivista, desarrollista y hasta capitalista, así sea en su estadio primario y salvaje, como el de los cooperativistas mineros.
El pachamamismo ha quedado en el papel, pero no en cualquier papel. Se trata de nuestra Constitución Política del Estado y de muchas de las principales leyes y reglamentaciones con las cuales queremos diseñar el nuevo andamiaje de este novel y sorpresivo Estado Plurinacional. Y aquí veremos las trabas y obstrucciones al proceso del MAS, que no procederán de ningún bloque político opositor, ni de algún grupo externo de interés económico. Vendrán del interior mismo del gobierno. De quienes toman aun en serio los dislates pachamamistas y de quienes están obligados a un mínimo de coherencia para articular esos postulados con la banal gestión común de los hechos sociales y económicos.
Pero esas trabas vendrán también de parte de los indígenas. Una de esas contradicciones (contradicciones y no edulcoradas tensiones creativas) se la tuvo con los indígenas del TIPNIS respecto a la consulta previa. Si no se reconvierten radicalmente las aproximaciones generales, en la minería se producirá la parálisis del ámbito productivo, porque las comunidades (aun cuando su lógica profunda no corresponda para nada con los deslices administrativos pachamamistas) utilizarán esa misma consulta previa como recurso que terminará paralizándolas, así como a las empresas y al mismo Estado. Se frustrará así la emergencia del indígena como racionalidad económica trasformadora, para confirmar su rol colonial de solamente fuerza social perturbadora.
Sin embargo, es posible un nuevo modelo, de coordinación entre intereses comunarios indígenas, corporativos y estatales. No se trata de "salvar el momento" o de resguardar de manera inmediatista algún interés empresarial, gubernamental o ideológico. Sino de darnos cuenta de que se están replanteando los elementos que pueden articularse para finalmente remediar el trauma colonial que sufrimos. Para que ello sea posible es necesario crear un nuevo estado de pensamiento, que pueda generar nuevas prácticas políticas. Creo que la lectura de "Los dilemas de la minería", puede contribuir a esa tarea.
[i] Los dilemas de la minería. Henry Oporto (ed.). Fundación Vicente Pazos Kanki. La Paz, 2012.
La presentación pública se realizó el martes 27 de noviembre, a horas 19:00 en el Salón Illimani del Hotel Radisson, La Paz.
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