lunes, 5 de noviembre de 2012

Reformas agrarias, ¿pacificas o violentas?

Franz Rafale Barrios Gonzalez
franzrbarrios@yahoo.com

Al respecto del proceso de paz llevado a cabo entre el Gobierno colombiano y las FARC, el Embajador de México en Colombia, Florencio Salazar Adame, (otrora Secretario de la Reforma Agraria de Vicente Fox) le dijo a un periodista local que "no cree que la reforma agraria (o la redistribución de tierras), que es un eje de discusión, se llegue a dar por medio de un proceso de paz. Porque en su experiencia mexicana, la reforma agraria resultó de la violencia y amenaza de procesos revolucionarios. En una ocasión, con la revolución de Emiliano Zapata, y luego se volvió a redistribuir la tierra, como respuesta a las andanzas del Subcomandante Marcos. Es decir, que en ningún caso por medio de un proceso de paz, como el pretendido por Gobierno colombiano y las FARC".

En el caso boliviano de 1952, se podría coincidir con la teoría de que las reformas agrarias, o los procesos de redistribución de tierras, devienen de procesos no necesariamente pacíficos.

Empero, retomando el caso colombiano, el Gobierno colombiano identificó dos problemas convergentes al respecto de la tenencia de la tierra:

• Por un lado, todavía persiste el resabio 80/90tero del acaparamiento de grandes extensiones de tierra en manos de narcotraficantes;

• Por otro lado, y no menos importante, la atomización o minifundialización de predios campesinos que representa un 80% en el área rural. Mismos que, por sus características, no son suficientes como para garantizar la subsistencia del campesino y su familia, y que ello conlleva a que las familias campesinas se ofrezcan como mano de obra barata como "jornaleros".

Ahora bien, sobre la minifundialización de los predios campesinos, que es un problema mayor en razón al número de personas a las que afecta, existen posiciones encontradas.

Unos, desde una perspectiva conformista y resignada claro está, afirman que, no obstante de ser insuficientes dichos predios, "se debe respetar la decisión del campesino, ya que éste se adapta y subsiste en función a sus particulares formas comunales, y que por tanto no debe ser incorporado a la cadena productiva tradicional". Otros, esgrimiendo un contraargumento más racional, afirman que, no por dejar que el campesino supuestamente "se adapte" a lo poco (o mucho) que posea, en la creencia de que así "se estaría respetando su decisión", se lo tenga que privar de su derecho de participar en la cadena productiva nacional.

Puesto a que el problema no se resuelve, ni se resolverá, con el solo acceso del campesino a la tierra. Sino -y fundamentalmente- con la facilitación de factores productivos de parte del Estado, y esto -indefectiblemente- implica la inclusión del campesino en la cadena productiva nacional. Más allá de que éste supuestamente "haya decidido trabajar su minifundio", ya que muchas veces los mismos campesinos ni siquiera deciden, sencillamente no tienen alternativa alguna.

"El después" de la revolución en el Caso boliviano.-

A diferencia de las reformas devenidas de la "revolución del 52", entre ellas la agraria,
el "proceso de cambio" proyectó el tema tierras en función al colonizador cocalero, desamparando a las grandes mayorías campesinas no-cocaleras.

Ante la ausencia de políticas sociales integrales y sostenibles en general, la Administración Plurinacional creer estar "compensando" dichos déficits con el otorgamiento de bonos sectoriales, en la mayoría de los casos. Cuando en realidad, el Gobierno, con el otorgamiento de dichos bonos (insostenibles por cierto, habida cuenta de la crisis del TGN) somete a los sectores beneficiarios a un burdo clientelismo político. Y estas medidas clientelares no tienen perspectiva social más allá de lo mediático, y más bien fomentan el conformismo improductivo en quienes solo esperan recibir, postergando su desarrollo.

En el tema tierras, en éste último tiempo y con la permisión del Gobierno, se viene consolidando el latifundismo de -esencialmente- narcotraficantes (como en los mejores años del narco en Colombia), sobre todo, en el oriente y en los valles centrales bolivianos. Un proceso que es acompañado, al igual que en el caso colombiano, por la minifundialización de los predios campesinos. Y los campesinos, desamparados y sin políticas de Estado que contemplen la seguridad social en el trabajo de sus predios o la facilitación de factores productivos p.ej., terminan ofreciendo su mano de obra a los mismos narcos (e inclusive son narco-esclavizados) en la sobre-plantación de cocales, que a su vez son nocivos para la "Madre Tierra".

La Administración Plurinacional se encarga: 1) de "legitimar" avasallamientos por medio de leyes como la de "Regularización del Derecho Propietario"; 2) y se preocupa por extender la frontera cocalera en favor de colonizadores, atentando el hábitat de comunidades indígenas, poniendo en riesgo ecosistemas, y violando el ordenamiento jurídico.