lunes, 3 de diciembre de 2012

SI ES ILEGAL, METANLE NOMAS

Mauricio Israel Camacho Salguero
mauricio_casal@yahoo.com

Lastimosamente debemos recordar que las declaraciones del Presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, fueron las detonantes que dieron pie para que los abogados del Ministerio de Gobierno y sus secuaces del Ministerio de la Presidencia ejecuten al pie de la letra las instrucciones que el presidente dijo públicamente: "cuando los abogados me dicen que es ilegal, yo les digo métanle no mas, y después lo legalizan; para eso han estudiado".

¿Por qué suceden estas cosas en los Ministerios de Gobierno y de la Presidencia? Precisamente porque estos Ministerios son los encargados de hacer cumplir y fungir como "Operadores de las Políticas del Presidente", al igual que el viceministerio de Movimientos Sociales que alguna vez estuvo en manos de Sacha Llorenti y su principal agente era Carlos Núñez del Prado.

Para todos es conocido que la verdadera función del Director Jurídico del Ministerio de Gobierno ha sido la Represión Política.

El resultado de semejante "orden presidencial" ha sido el mas gigantesco caso de extorsión institucionalizada de nuestra historia, que tuvo como victimas a decenas de personas bolivianas, y que salió a la luz a causa de las valientes denuncias de la esposa del ciudadano norteamericano Jacobo Ostreicher, detenida, amedrentada, amenazada y torturada psicológicamente por los fiscales asignados a ese caso, al recluirla ilegalmente en la cárcel de mujeres, de la cuál fue rescatada por personeros de su embajada quienes inmediatamente lograda su libertad la llevaron al aeropuerto Viru Viru y la embarcaron en el primer avión que salía de Bolivia con el consejo de que "nunca vuelva". Hasta esos extremos hemos llegado.

El creciente numero de casos denunciados cada día que pasa, ya llegan a 15 hasta el momento, nos esta mostrando a lo que puede llegar un gobierno que desde hace casi siete años se ha caracterizado por amenazar a todo aquel que no comulga con sus ideas, imponiendo la ideología de la "Seguridad del Estado" tan propia de los gobiernos militares, dictatoriales y defacto que este gobierno de boca para afuera ponía como principal argumento en sus discursos anticolonialistas y anti imperialistas.

Pero, en los hechos, todas estas tácticas criticadas hasta en cansancio, no ha servido sino para afianzar su poder, al extremo de convertir el "Terrorismo de Estado" en una practica habitual al crear las condiciones para que se extorsione y amedrente impunemente desde el 2006.

Recordemos que uno de los primeros casos se presentó cuando la Autoridad de Empresas se dio a la tarea de extorsionar a todas las empresas que pudo, a vista, paciencia y regocijo del gobierno, hasta que fue descubierto y destituido y… nada mas se sabe de ese caso.

Según la Ministra Amanda Dávila las investigaciones se iniciaron hace 7 meses atrás, lo que significa que estos extorsionadores estaban haciendo de las suyas impunemente desde al menos 5 años atrás.

¿Pero que sucedió hace 7 meses atrás? Estamos hablando de mayo del 2012. Supuestamente llegaba el Senador de Estados Unidos a visitar a su compatriota Jacobo Ostreicher, a raíz de una petición de ayuda al Congreso de los Estados Unidos interpuesto por la hija de Ostreicher. Todo salía a la luz a raíz de la entrevista en CNN del acusado de lavar dineros del narcotráfico, con el aditamento de una investigación de un agente del FBI que demostraba todo lo contrario.

Según declaraciones de la Ministra Dávila es que en esta fecha el presidente Morales "presionó para que se investigue". Pero uno se pregunta ¿Por qué tuvo que presionar? ¿no se supone que como presidente debía haber ordenado la investigación del caso?, y finalmente, ¿a quienes tuvo que presionar? ¿Hubo resistencia para que inicie dicha investigación?

La pregunta que todos nos hacemos y nadie quiere responder es ¿y quien contrató a estos abogados inquisidores? Según declaraciones de la Ministra de Justicia este caso de corrupción "es una herencia de la época republicana" por lo que ¿estaría aceptando que el gobierno del MAS contrató a funcionarios de gobiernos neoliberales? ¿Estos abogados trabajaron con Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿No se supone que en Ministerio de Gobierno y de la Presidencia solo trabajan los más cercanos y confiables llunkus al gobierno de turno?

Considerando que el trabajo que realizaban estos abogados del Ministerio de Gobierno era de "operadores políticos" del MAS, es de suponerse que tenían el apoyo de los principales dirigentes del MAS, de los Ministros y hasta del propio presidente Evo Morales Ayma.

Según los analistas se calcula que al menos 20 millones de dólares fueron extorsionados por esta banda de criminales.

Revisando en los periódicos los entretelones del caso terrorismo, donde fueron ejecutados un boliviano y dos ciudadanos extranjeros, se hablaba que éstos habían recaudado 6 millones de dólares que nunca aparecieron. Las violaciones a los derechos humanos y un sinfín de argucias legales parece mostrarnos que éste método se aplicó y con éxito en todos los otros casos denunciados.

Ni que decir del caso Porvenir, donde los jueces parecen empleados del Ministerio de Gobierno y cuya mandamás es la abogada Mary Carrasco, grabada y denunciada públicamente de orquestar la detención ilegal de Leopoldo Fernández, Prefecto de Pando. Y por cuyo caso ha sido premiada con un multimillonario pago por sus servicios por las arcas del Estado Plurinacional, pero por el que curiosamente no pagara ni un solo centavo de impuestos.

La siguiente pregunta es ¿y dónde esta el dinero extorsionado por esta banda? ¿Entre que personas se repartió este botín? ¿Se conseguirá alguna vez recuperar dichos dineros? ¿Se les incautara todos sus bienes a los miembros de esta banda o ya lo habrán traspasado a otras cuentas o personas cómplices? ¿La justicia del MAS hará con ellos lo que estos delincuentes hicieron a sus victimas?

Pero este accionar delincuencial sin precedentes, tiene consecuencias, una de los cuales es que sin lugar a dudas se han hecho de muchos enemigos, no solamente entre las victimas de su accionar político, sino especialmente entre aquellos a quienes les hicieron los famosos "volteos" y cuyos verdaderos dueños (narcos incluidos) con seguridad se querrán vengar.

¿A eso se refería el abogado Fernando Rivera cuando mostraba su desesperación al declarar: "Señor Juez, nos van a matar" al enterarse que serían enviados a la Cárcel de Palmasola? Por lo menos ellos no tuvieron que pagar un solo centavo para ser enviados a las celdas privadas de la FELCC; que gran diferencia cuando ellos sañudamente enviaban a sus victimas a las manos cómplices de sus victimarios en las mazmorras que en Bolivia todavía llamamos cárceles, cuando estos pobres infelices no pagaban los miles de dólares que les exigían cuando abusaban del poder.

Por otro lado, el simple hecho que se conozca que esta banda organizada se ha hecho de al menos 20 millones de dólares en extorsiones a los largo de los últimos seis años, a convertido a ellos y todas sus familias en potenciales victimas de secuestradores. Esto suponiendo que en el mejor de los casos la motivación sea económica, pero si el motivo es la venganza, sentirán en carne propia el terror que ellos mismos usaron contra sus victimas.

Pero las irregularidades no terminan ahí. Hasta ahora nadie ha dicho nada de las supuestas autorizaciones que el Ministerio de Gobierno tenía que tener de Jueces y Fiscales para proceder a hacer las investigaciones del caso, autoridades que son las únicas que tienen la facultad de autorizar las escuchas que ayuden a confirmar las denuncias que le llegaban al presidente Morales a su celular.

Método bastante ortodoxo el de los mensajitos y que devela que el cerco al que esta rodeado el presidente es similar al que la UDP le puso al entonces presidente Hernán Siles Zuazo, y cuyo filtro final es su edecán, quién es el que finalmente decide qué información es importante o no.

Se ha dicho que la Embajada de Estados Unidos le advirtió al presidente Morales sobre esta banda, pero según otras versiones fueron los Servicios de Inteligencia Venezolanos los que alertaron de esta banda. Considerando que los Servicios de Seguridad Cubanos y Venezolanos operan en Bolivia desde el 2006 resulta contraproducente enterarnos que recién después de 6 años se hayan enterado de los trajines de estos asesores del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, y en cambio el FBI detectaba en menos de un mes de investigación, el accionar impune de esta banda de extorsionadores.

Y un secreto a voces del Parlamento es que el presidente Morales no confía en nadie sino en la Seguridad Cubana y Venezolana.

¿Porque los Servicios de Inteligencia Cubana y Venezolana no vieron lo evidente en 6 años? ¿O es que simplemente no quisieron ver lo que sucedía porque era parte de la política oficial del gobierno boliviano?

Lo que también llama la atención es el silencio cómplice del nuevo Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, ex funcionario y candidato masista en años anteriores. ¿Por qué el anterior Fiscal General, Mario Uribe, esta siendo investigado? Con seguridad que él si sabía de las presiones a las cuales estaban siendo sometidos los jueces y fiscales, y no hizo nada.

Llama también la atención el silencio cómplice de la Ministra Anticorrupción, Nardy Suxo, que debiendo haber sido la voz oficial de estas denuncias, no aparece ni por si acaso.

Sabemos por declaraciones del Ministro Romero que éste "filtro información" tratando de descubrir a los soplones de su Ministerio, y que inclusive el Viceministro Jorge Pérez Valenzuela fue investigado.

La pregunta es ¿la Ministra Nardy Suxo también fue investigada? Su silencio es lo mas sospechoso. ¿Por qué tuvo que ser el Ministro Romero quien manejo esta investigación cuando a la que le correspondía hacerlo era a la Ministra Anticorrupción?

¿Porqué Boris Villegas, uno de los principales sospechosos de la masacre de Chaparina, terminó siendo ocultado y trabajando en el Ministerio Anticorrupción? ¿Por qué ha sido implicado en este caso, pero sigue libre? ¿Fue a trabajar al Ministerio Anticorrupción para espiar e interceptar las denuncias contra estas bandas de extorsionadores? ¿O fue ahí para confirmar que la Ministra no hacia nada con las denuncias?

¿Porque entre los implicados en esta banda de extorsionadores está el "esposo de la hermana de la esposa" del ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce Zaconeta, cuyo cargo era clave para la aprobación de la Ley de Extinción de Bienes a favor del Estado? ¿Por eso fue intempestivamente removido de la Presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Por qué esa Ley encontró la resistencia de la nueva Presidente de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado?

¿Por qué el Ministro Romero presionó hasta el último segundo para lograr la aprobación de esta Ley? ¿Ahora que el presidente Morales sabe que esta Ley únicamente hubiera beneficiado a esta banda de extorsionadores para legalizar su delictivo accionar, seguirá empeñado en presionar para su aprobación?

¿Por qué Sacha Llorenti fue enviado como embajador a las Naciones Unidas? ¿El era el articulador de esta banda de extorsionadores? ¿Se lo necesitaba fuera del país para poder comenzar a descubrir los hilos del caso de corrupción más grande de nuestra historia? ¿Sacha Llorenti será traído para que declare lo que sabe? ¿Será procesado el "mejor soldado de Evo"?

Por la prensa se sabe que hay 37 jueces y 20 fiscales observados por irregularidades. ¿A alguna de estas fichitas de la corrupción y abuso del poder se le asignará la investigación de la mega corrupción, descubierta según nuestro entender a causa de las disputas públicas entre el Ministro de Gobierno y la Presidente de la Cámara de Diputados?

¿El accionar de esta banda de delincuentes del que hemos sido testigos era parte del "métanle no más" del presidente Morales, y la legalización de lo ilegal venía con la Ley de Extinción de Bienes a favor del Estado?

Finalmente ¿por qué se permite que los dos cabecillas detenidos en este caso estén en la misma celda de la FELCC, cuando la lógica nos dice que deberían estar incomunicados y en celdas separadas para evitar que planeen como evadir a la justicia boliviana? ¿La banda fue efectivamente desarticulada o esta siendo protegida por otros miembros de la misma?