"Las autoridades defenestradas deberían interponer un proceso legal contra el Presidente del Tribunal Constitucional por haber retrasado la Resolución de un fallo cuando se llevó a cabo la última elección en el Departamento del Beni".
Añadió Rocha "lo grave de todo esto es que lo mantuvieron en secreto desde noviembre de 2012 para no entorpecer las pasadas elecciones del Beni y así asegurar el golpe contra Suarez Satori".
Si en noviembre el TCP hacia pública esta decisión, la destituida autoridad volvía a ser gobernador. Con esto quieren hacernos creer que el Tribunal Constitucional es autónomo, sin embargo con esta decisión retrasada e inconstitucional atenta a la soberanía popular que eligió a sus autoridades.
"Pronto nos harán creer que el Tribunal es imparcial y objetivo y que la reelección de las autoridades gubernamentales sea confirmada y avalada por el organismo judicial".manifestó
En tanto, el artículo 117 indica: "Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta con sentencia ejecutoriada por una autoridad judicial competente".
"Lo que pretende el gobierno es hacernos creer que hay una justicia imparcial", asegura.
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