viernes, 8 de marzo de 2013

JUGANDO CON FUEGO

Óscar Ortiz Antelo
oscar.ortiz.articulos@gmail.com

Los medios de comunicación han reflejado un tenso ambiente entre el sector financiero y el Gobierno del Movimiento Al Socialismo por el proyecto de ley de entidades financieras. Incluso ha trascendido que el ministro de Economía, Luis Arce, llegó a recordar a los empresarios que en algunos países se había nacionalizado la banca.

Éste es un tema muy sensible, que debiera dejar de lado las cargas ideológicas de las autoridades del MAS y procurar una norma seria, equilibrada y moderna, que preserve principalmente los derechos de los ahorristas y contribuya como un instrumento para impulsar el crecimiento y el desarrollo de Bolivia.

No está claro por qué se pretende aprobar una ley que retome los criterios ya fracasados de décadas anteriores, por los cuales el Estado fijaba las tasas de interés y determinaba a qué sectores prestar.

Si bien el MAS propugna una ideología socialista y ha nacionalizado muchas empresas e intervenido sectores económicos, hasta hoy había guardado un cierto respeto al sistema financiero, en el entendido, se suponía, de que el anterior Gobierno socialista, el de la UDP entre 1982 y 1985, había tenido que acortar su mandato por la hiperinflación que provocó, la cual se engulló los ahorros de millones de bolivianos, especialmente de la clase media y de los sectores más empobrecidos.

Lamentablemente, en toda esta discusión siempre se olvida al ahorrista, propietario de casi el 90% de los dineros que intermedia un sistema financiero. Por ejemplo, la política de incentivo de uso de la moneda nacional ha tenido como principal eje la ampliación del margen de cambio de moneda, que pasó de dos centavos, casi por 20 años, a 11 centavos durante el Gobierno masista.

Estos ingresos adicionales explicaron buena parte de las utilidades del sector en los últimos años. Recientemente, el Gobierno fijó una sobretasa impositiva al sector, argumentando que debiera beneficiarse también de estas utilidades. Al final, la cuenta la sigue pagando el ahorrista. La consecuencia es que ya se observan dificultades para el cambio de dólares, lo que puede causar desconfianza y perjuicios para la economía en su conjunto.

También es equivocado creer que por ley se puede determinar a qué sectores se debe prestar. Por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, las principales barreras están en otras normas, como la ley de tierras que establece que la propiedad de la misma puede ser revisada cada dos años y revertida con un simple informe administrativo, lo que significa que en realidad no es propiedad sino un simple préstamo de terrenos renovables eventualmente, lo que nunca podrá servir como garantía de un crédito. Igualmente, las prohibiciones de exportaciones son una fuente de permanente incertidumbre sobre los ingresos de los productores agropecuarios, lo que también afecta su capacidad de contraer créditos.

El sistema financiero debe ser regulado para preservar los ahorros, respaldar la estabilidad económica y financiar el crecimiento. Eso es muy diferente de intervenirlo, lo que siempre termina conduciendo a la pérdida del valor de los depósitos y a profundas crisis económicas y políticas.