EL DERECHO AL CONSENTIMIENTO LIBRE

Juan Burgos Barrero
juanburgosbarrero@hotmail.com

Se celebróel 12º período de sesiones del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas a finales de mayo de 2013, en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Aquí se brindó una oportunidad a los pueblos indígenas de todo el mundo a establecer un diálogo directo con los miembros del Foro, el sistema de la ONU y con el Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros relatores de derechos humanos; y sobre todo, para denunciar que el derecho al Consentimiento Libre, Previo, e Informado (CLPI), no lo están respetando la mayoría de los país miembros de las ONU, incluyendo al gobierno indígena de Bolivia.

Este derecho otorga a los pueblos indígenas la decisión de conceder o no su consentimiento libre, referentes a proyectos de desarrollo, construcciones de carreteras, actividades extractivas y legislación que pueden tener un impacto sobre sus miembros y territorios. Sin embargo, los gobiernos hacen lo contrario, elaboran los proyectos, firman convenios, incluso empiezan a implementarlo, y luego, cuando surge el conflicto intenta hacer una consulta para validar sus determinaciones, dando por hecho que los indígenas están de acuerdo. Quiero resaltar, al respecto, dos problemas. El Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Sécure (TIPNIS), con la construcción de la carretera Villa Tunarí-San Ignacio de Moxos, la cual, en su II tramo está diseñado para atravesar el corazón del TIPNIS; el otro, en la comunidad de MallkuQhata, en el norte de Potosí.

El primer problema

Tenemos veintidós parques nacionales declarados como reservas naturales,que son los que nos proporcionan oxígenos, llaman las lluvias y protegen la vida silvestre de los animales.Precisamente, en uno de ellos se está construyendo una carretera que no toma en consideraciónni el medio ambiente ni la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas que allí viven. Cómo descifrar este problema: en el TIPNIS se ve claramente que, nunca hay certeza de nada de lo que viene de los representantes del gobierno, nunca se sabe si lo que nos dicen es verdad o si lo acuerdos lo van a cumplir. Ahí reside el problema.

He ahí la necesidad de que, el gobierno actué de buena fe con los pueblos indígenas de las tierras bajas, a través de sus instituciones representativas antes de adoptar medidas legislativas o represivas que los afecten, a fin de forzar su consentimiento. Hemos visto en un video que circula en las redes sociales internacionales, que el gobierno pretende doblegar la voluntad de los indígenas. Es más, para terminar de liarla, ha enviado a su operador político, al dirigente cocalero GumercindoPradel, a realizar un encuentro con corregidores en la comunidad de San Pablo, sin el consentimiento ni la representatividad de los indígenas del Chaco y la Amazonia boliviana. Así y todo, lograron reunirse y rechazaron a este dirigente. Al fin y al cabo los indígenas del TIPNIS jugaron limpio, sabían lo que defendían, no traicionan ni engañan y actuaron no sólo obedeciendo las órdenes de sus bases, sino por una necesidad vital: es su vida y la de sus hijos o la del gobierno? Y lo que quiere el gobierno por encima de todo, es de imponer la construcción de la carretera si o si, como lo ha manifestó categóricamente el presidente Evo Morales Ayma.

El dirigente GumercindoPadel fue interpelado por los comunarios y dirigentes del TIPNIS, porser un extraño yconvoca a una asamblea de corregidores en sus territorios. Además, le exigieron que comunique a las autoridades del gobierno que no se construya la carretera por el centro del TIPNIS, al tiempo, claro está, que le señalaron el camino para que se vaya de retorno a su casa. La respuesta de "las otras fuerzas" fue inmediata, una severa persecución contra los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, Pedro Nuni y Fernando Vargas, presidente de la Sub-Central TIPNIS. Tal es así, que la Coordinadora de las Confederaciones Indígenas Amazónicas (COICA), que represente a indígenas en nueve países suramericanos, ha salido también en defensa de los dirigentes bolivianos, repudia la represión y rechaza la orden de detención.

El segundo problema

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Quillasuyu (CONOMAQ), que representa indígenas de tierra altas en cinco departamentos de Bolivia, constituye un referente clave en el seguimiento de la agenda indígena frente a la usurpación de la representación orgánica delCIDOB.Este Consejo fue protagonista en la solución del conflicto minero de la comunidad de MallkuQhata en Potosi, donde se encuentra unos de los reservorios minerales más importante de América Latina, acechado por la empresa minera South American Silver (SAL). -Según Felix Becerra, presidente de CONOMAQ-, la mencionada empresa quiere explotar los minerales bajo lo que denomino el método de "cielo abierto"para extraer el estaño, plata y zinc, entre otros minerales. Tumba todo el cerro, agotan sus aguas y con los ácidos contaminan el entorno, y cualquier pajarito que intenta pasar volando por encimas de las excavaciones cae muerto. Mejor dicho, hace tabla rasa del cerro de arriba hacia abajosin consideraciones al medio ambiente, vomitando de los so
cavones gases tóxicos y vertiendo químicos en la fracturación de la tierra. El conflicto se resolvió con un acuerdo con el presidente Evo Morales, después de un prolongado secuestro de ingenieros de la empresa y la muerte de un comunarios y policías en las refriegas que presidieron al acuerdo final.

El gobierno de Bolivia es signatario a los acuerdos que exigen que los derechos humanos de los grupos indígenas deban protegerse. Es una extrema paradojadel primer Presidente indígena en América Latina, quien está implicado en la usurpación de estos derechos.