miércoles, 23 de octubre de 2013

SUCESOS DE APOLO DESNUDAN LA PRECARIEDAD DE ESTRATEGIA DE REDUCCION VOLUNTARIA

Eduardo Campos Velasco
Asambleísta Departamental - UN
eduardocamposdc@yahoo.es

Cuando el gobierno de Evo Morales decidió aplicar un extraña (por decirlo menos) estrategia de reducción de cultivos de coca en el país, era previsible que en algún momento tenía que evidenciarse que en realidad, esa medida, nunca fue una verdadera estrategia de reducción. Si a ello suma que el presidente fue y sigue siendo el principal dirigente de los cocaleros en el país, no es extraño, entonces, que la medida, más bien, se trataba de una escusa para favorecer a su gremio.

Es pues inconsistente pensar que los "ratones puedan cuidad el queso", como es irracional esperar que los cocaleros reduzcan sus cultivos, cuando es la fuente de sus ingresos. En este sentido, los asesinatos de Apolo (porque no se puede llamar de otra manera) están desnudando, la precariedad de aquella medida que contrariamente a lo que se anuncio, fue un verdadero "cheque en blanco" para las bases cocaleras del presidente.

El gobierno ha intentado hacer creer al país e incluso al mundo entero que la estrategia del cato de coca por familia, garantizará que las áreas de coca no se incrementen, sin embargo en la realidad se han multiplicado de manera geométrica. Hoy se cultiva coca en áreas impensables hace algunos años y en las que acabaron consolidándose luego de la ascensión de Morales al poder, la actividad se han multiplicado de manera alarmante, comprometiendo territorios indígenas y reservas naturales, como es el caso del TIPNIS y otros parques y áreas protegidas.

Como dice el refrán: "una cosa, lleva a la otra" y del cultivo de la hoja sagrada a la producción de droga dista muy poco. Datos estadísticos y comparativos respeto a la producción de coca, señalan que no existe otro cultivo que rente tanto y con tan poco esfuerzo como la coca. Si esto es así, cómo esperar que los productores de coca, migren a otros cultivos, perdiendo ingresos?

Es pues ingenuo, cuando no toda una mentira, hacer creer a la opinión pública que los cocaleros se controlaran ellos mimos. De las 12.000 hectáreas de coca que existían a tiempo de ser promulgada la ley 1008, hoy – por lo que se conoce de manera oficial, están por el orden de las 30 mil; datos además de los que es legítimo dudar, puesto que todas las principales autoridades políticas de gobierno encargadas de la lucha y control de la coca, son en su generalidad, miembros del los sindicatos cocaleros, parte de las dirección sindical de la que Evo es su máximo exponente.

En ese contexto, no es pues una sorpresa que, algún día, cuando, alguien pretenda quitarles los privilegios que les ha otorgado su propio jefe, respondan tan aguerrida y temerariamente a cualquier intento de erradicación real.

El gobierno utiliza argumentos estrambóticos para esconder el tema de fundo. Quiere hacer aparecer lo de Apolo, como un hecho aislado y vinculado a narcotraficantes extranjeros, provenientes del Perú, cuando en realidad se trata de la reacción, casi natural, de cocaleros decididos a preservar sus privilegios.
Esa es la realidad y las víctimas, los cuatro fallecidos y sus familias, así como los heridos y contusos, más toda la opinión pública, pretenden que nos traguemos el cuento.

El gobierno de Evo Morales ha llegado al punto en el que es indisimulable los privilegios que otorga a los cocaleros. Cualquier intento por variar ese estatu quo, aun sea ordenado por el propio Morales, merecerá la respuesta que se ha tenido en Apolo.

Bolivia, ha ingresado tanto en la ese terreno delictivo de la producción de coca destinada para el narcotráfico que salir de ella no será fácil, aún para el propio Morales.