jueves, 30 de enero de 2014

EL CENTRALISMO EVADE FISCAL


Oscar Ortiz Antelo
oscar.ortiz.articulos@gmail.com

Apoco de cumplirse el plazo establecido por Ley Marco de Autonomías para que se consensúe un pacto fiscal en Bolivia, los principales mandatarios y autoridades del país se niegan a presentar su propuesta y procuran confundir con falacias a la opinión pública indicando que esta discusión implicaría un conflicto entre regiones, pues algunas ganarían y otras perderían. Este es un argumento falso. En un Estado en el cual el centralismo concentra el 88% de los recursos públicos, mientras que los gobiernos departamentales, los municipios y las universidades solo alcanzan al 12%, obviamente la discusión sobre dichos recursos no se debe dar entre las regiones, sino entre estas y el Gobierno central, que se resiste a cumplir con la Constitución y desconoce las leyes que el mismo vicepresidente sancionó y el presidente promulgó.

¿Cuál es la discusión de fondo? Sin recursos propios, las autonomías no serán efectivas para atender las demandas de mejores servicios públicos, calidad y cobertura en la infraestructura necesaria para el desarrollo social y económico, que al final de cuentas son los principales motivos por los cuales la población votó por ellas. Esto es fundamental porque la ciudadanía necesita autoridades cercanas que le brinden el apoyo necesario para disfrutar, por ejemplo, de seguridad ciudadana o de un sistema de salud para los más necesitados, servicios que debieran ser gestionados por las autoridades más cercanas a la gente y no por un distante centralismo que solo se preocupa en la concentración y perpetuación en el poder, destinando los inmensos recursos recibidos en los últimos años a la compra de armas, aviones de lujo para las autoridades y propaganda partidaria.

Un verdadero pacto fiscal debe incluir tanto la distribución de las actuales fuentes de ingresos públicos, con su correspondiente asignación y distribución de responsabilidades (competencias), como la discusión de cuáles de los impuestos deben ser coparticipados o transferidos a los gobiernos subnacionales, a fin de concretar un verdadero Estado autonómico, en el cual el poder está limitado y distribuido, tanto para preservar una verdadera democracia como para atender con eficacia y eficiencia las demandas ciudadanas