Mario Requena
Los efectos en las negociaciones internacionales de la demanda boliviana contra Chile en la CIJ.
En los últimos días, el gobierno mediante su Procurador General, demandó por la vía penal al periódico La Razón por un artículo en que se narra el proceso que llevó a Bolivia a presentar en el año 2013 en la Corte Internacional Justicia (CIJ) en La Haya un litigio contra Chile en el que Bolivia pide un fallo que obligue a ese país a negociar en firme y de buena fe una solución a la más de centenaria demanda de recuperar el acceso al Pacífico perdido en 1879.
La medida parece exagerada y es notoriamente atentatoria contra la libertad de prensa, sin embargo, tratando de dar una explicación al exceso de celo gubernamental en este tema tan delicado, las autoridades afirman que con esta demanda se quiere buscar al infidente y de ninguna manera castigar a La Razón, pero se equivocan de camino ya que podrían dar una señal muy clara respecto a las infidencias encaminando su queja mediante la Ley de Imprenta y de esta manera conseguir que la prensa, por lo menos por la parte boliviana, sea muy cuidadosa en el tratamiento de este tema, particularmente dados los antecedentes en que precisamente debido a las publicaciones en medios de prensa ya sean chilenos o bolivianos, fracasaron negociaciones anteriores.
El proceso de la demanda boliviana tiene un primer hito que tiene que ver con el hecho de que si Chile de acá a un par de meses presentará o no una "excepción preliminar" pidiendo que la Corte se pronuncie primero sobre si tiene o no jurisdicción en esta temática. El dilema es interesante en términos de estrategia política, ya que si Chile presenta la excepción y ésta es rechazada, esto será una primera victoria para Bolivia y obligará a Chile a dar el segundo paso que es presentar los argumentos de fondo para demostrar que sus promesas anteriores de buscar una solución al enclaustramiento boliviano no eran vinculantes y por lo tanto no lo obligan a negociar, que es lo que Bolivia afirma.
Por otra parte, si Chile no presenta la excepción, el gobierno de Bachelet se abre un frente interno complicado en especial con el ala dura de la derecha chilena que postula que si bien existe el riesgo que la CIJ declare que sí tiene jurisdicción en la demanda de nuestro país, no es tan importante como el que Chile establezca desde ya su principio de que rechaza la intromisión de cualquier tipo de tercer agente en el problema que tiene con Bolivia, ya que de todas maneras, si la excepción es rechazada o no se la presenta, Chile deberá defenderse presentando argumentos para la cuestión de fondo. En otras palabras, para los "halcones" de la política y diplomacia chilena, bien valdría una supuesta "primera" derrota si es que existe la posibilidad de que la CIJ declare su incompetencia y con eso se habrá descartado para siempre una nueva arremetida de Bolivia ante esa Corte.
Es difícil predecir lo que hará el gobierno chileno, pero está claro que si llegaran a presentar la excepción preliminar, es muy probable que sea rechazada y no tanto por temas legales sino porque pienso que la CIJ difícilmente objetará la posibilidad de establecer jurisprudencia en esta área y así dar señales claras a las partes envueltas en conflictos similares mucho más complicados y explosivos como lo son los que hay entre Israel y Palestina, Pakistán e India, China y Tibet, entre otros. Y hay un dato más: la CIJ obtiene su presupuesto de los litigios que le toca administrar, y en este sentido, aceptar la "excepción preliminar" chilena le significaría perder unos cuantos millones de dólares que le caen muy bien a su presupuesto de operaciones.
En resumen, ya sea que la CIJ acepte o no la excepción planteada por Chile, nuestro país ha puesto en los estrados de esa importante jurisdicción un tema que tendrá efectos no sólo en nuestra demanda para obtener acceso soberano al mar sino también en una serie de litigios internacionales de urgente solución, ojala por la vía pacífica y de negociación y está en manos de este Tribunal establecer que así sea.
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