lunes, 16 de marzo de 2015

[Aula Libre] INDISPENSABLE REFORMA JUDICIAL.






 

INDISPENSABLE REFORMA JUDICIAL.

                       

La prensa ha cerrado filas en torno al periodista Carlos Quisbert, quien fue indebidamente 

procesado y privado de su libertad   -motivo por el cual se declaró procedente la acción de libertad-  pues consideran que se veía amenazada la libertad de expresión e información, así como con las viciadas acciones del fiscal y la jueza,  se vulneró la presunción de inocencia y la garantía constitucional del Debido Proceso.

 

Un verdadero "bullying" judicial a dicho periodista. No es la primera vez que el Organo Judicial amedrenta al estamento periodístico, mediante procesamientos indebidos, recordemos el caso de ANF, El Diario y Pagina Siete, donde la única jurisdicción que aplicaba era la de la Ley de Imprenta.

 

El caso Quisbert refleja de manera inequívoca las falencias que aquejan al Organo Judicial:

1. la facilidad con que actúan los fiscales en detrimento de las libertades individuales y en oposición al mandato que le confiere la Constitución, que es ser representante de la sociedad. En tal caso, actúan por mero interés particular, CORPORATIVO, y a requerimiento de intereses políticos. Estos excesos de los integrantes del Ministerio Público, son posibles en el marco de las facultades que les confiere el Procedimiento Penal que data del año 1999, riesgo que se advirtió a tiempo de ser aprobada dicha norma adjetiva.

 

2. la designación de estos administradores de la justicia, bajo premisas políticas antes que la capacidad requerida para tan elevada función. En este sentido, se debe afirmar categóricamente que las elecciones judiciales, circo del cual formaron parte los pre-seleccionados por el Congreso que contaban con la aprobación oficialista, fue una inversión vana de cuantiosos recursos al Estado, pues cuyo fracaso, se refleja diariamente en episodios vergonzosos de atropello de las libertades individuales, como el acontecido con el periodista de marras.

 

3. La falta de capacidad y formación académica y profesional de estos fiscales y jueces, que les hace pisotear y soslayar estos principios básicos del debido proceso no únicamente bajo la presión de los intereses ya descritos, sino por un desconocimiento y falta de apropiación de valores éticos esenciales, como es el respeto a la vida, a la libertad, y la búsqueda de la justicia, que además de ser el estigma judicial, es el efecto de la causa antes descrita: la forma de designación con que asumieron funciones.

4. La escasa infraestructura y logística que genera hacinamiento de sus funcionarios designados mayormente por recomendación política, lo cual deriva inexorablemente en una laxitud de los principios y valores éticos, caldo de cultivo para la corrupción.

 

De ahí que quepa afirmar que el actual es el peor sistema judicial desde la fundación de la República, incluidos los gobiernos de facto, donde un Hábeas Corpus (ahora Acción de Libertad) dictado por un juez, se acataba de manera inmediata, expedita, sin dilaciones. Bajo la interpretación doctrinal sagrada que representa dicha acción de defensa de derechos fundamentales. Pero al presente, se sujeta a lentos trámites administrativos que solo entorpecen el cumplimiento oportuno de la justicia.

 

Dicho panorama produce la alarma y sorpresa de las autoridades del Organo Ejecutivo, que anuncian una reforma judicial urgente, mediante una reforma constitucional previa, para modificar la modalidad de designación de dichos funcionarios públicos. Las elecciones de magistrados, no es una modalidad mala en sí misma, si se aplica una honesta evaluación previa de conocimientos, experiencia y formación los candidatos.

 

Lo que está fallando y constituye el origen de la profundización de la crisis de la justicia, es el montaje de una ingeniería judicial cuyo diagnóstico revela sus principales defectos: 1) clientelar en sus designaciones; 2) de escasa o nula experiencia profesional o sin carrera judicial, susceptible de ser instrumentalizada y sometida a presiones políticas.

 

Si el sistema judicial está colapsando, es bueno que los jerarcas del gobierno admitan su responsabilidad en dicha crisis, pues aplicaron la visión complaciente del "laissez faire", permitiendo la consolidación de consorcios de abogados, jueces y fiscales, instaurándose redes extorsivas,  y de yapa, una sobrecarga procesal.

 

Es menester la autocrítica conjunta del Organo Judicial y del Organo Ejecutivo, que incluya un replanteamiento de sus prioridades, su filosofía, orientada a un genuino interés de transformar la justicia, y de hacer una buena gestión de gobierno, más ahora, que hay una necesidad inminente de gobernar con responsabilidad.

 

De manera irremediable, la historia los juzgará y también las nuevas generaciones.      

 

Moira Sandoval C.

Miembro de la Academia de Ciencias Penales de Bolivia         


From: aulalibrebol@yahoogroups.com
To: aulalibrebol@yahoogroups.com
Date: Thu, 12 Mar 2015 00:51:21 +0000
Subject: [Aula Libre] Quien pone los limites?

 




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Enviado por: "moira veronica sandoval calvimonte" <sandovalmoi_9@hotmail.com>


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