La autonomía es un proceso de descentralización política y fiscal que delega a los gobiernos subnacionales la facultad de elegir a sus propias autoridades, conformar sus propios órganos de poder y emitir sus propias normas dentro del marco de la Constitución Política del Estado.
Uno de los factores más importantes para que los gobiernos autónomos puedan cumplir con sus competencias, es que cuenten con los recursos suficientes. Para esto es fundamental que compartan con el nivel central del Estado la facultad de generar y administrar los ingresos fiscales y eso supone un pacto fiscal.
Esto supone una transformación vital entre la relación ciudadanía-gobierno, puesto que un adecuado diseño puede representar fortalecer al Estado en su capacidad de formalizar las actividades económicas, partiendo del principio de subsidiariedad y corresponsabilidad fiscal, ampliando su capacidad de fiscalización y de promotor del desarrollo económico en función de su vocación productiva y sus potencialidades.
La transición de un Estado centralista a uno con autonomías requiere voluntad política y romper con la lógica paternal, delegando funciones y compartiendo responsabilidades. La concepción tradicional supone que el gobierno nacional recauda los impuestos y los distribuye a los gobiernos subnacionales a partir de ciertos criterios no necesariamente adecuados a las responsabilidades delegadas.
Por eso se requiere confianza en que los gobiernos subnacionales pueden realizar tareas tradicionalmente exclusivas del nivel central. Actualmente, salvo los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores y a la transferencia de estos, el resto de los impuestos son recaudados por el gobierno nacional.
El pacto fiscal es la oportunidad para cambiar esta lógica paternalista y transformar el modelo tributario en uno de abajo hacia arriba, es decir que los gobiernos que están más cerca de la gente; municipales e indígenas, sean las principales agencias tributarias estatales a través de un sistema interconectado y de distribución automática, con un solo número de identificación tributaria que amplíe la capacidad estatal impositiva.
Es decir, que cualquier persona natural o jurídica pueda realizar todos los trámites impositivos y sus respectivos pagos en cualquier gobierno municipal generando un efecto de sinergia en la formalización de las actividades económicas y en el pago de sus tributos. Esto permitiría un ahorro sustancial de tiempo para los ciudadanos, en los engorrosos trámites que tiene que realizar en todas las instancias estatales para desarrollar un negocio.
Además podría permitir al Estado y al ciudadano tener un estado consolidado de todas las actividades económicas sujetas al pago de tributos, facilitando la información para la elaboración de las cuentas nacionales, estadísticas por rubro o región, etc.
La crisis, como la que aparentemente nos tocará enfrentar debido a la disminución de los precios internacionales de las materias primas, puede convertirse en una oportunidad para concretar acuerdos políticos que redistribuyan la responsabilidad fiscal en beneficio de todos. Convirtiendo a los gobiernos autónomos en un aliado del desarrollo económico y no simples prestadores de servicios.
Este paso, significaría una gran revolución y consolidaría la autonomía a partir de las potencialidades de cada región, de sus capacidades institucionales y de su propia realidad.
*El autor es Ingeniero Civil y Consultor en Gestión Pública
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