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Hace ocho días dos mujeres, una hermana y una hija, iniciaron un piquete de huelga de hambre en instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, cuatro días después se sumó a ellas una esposa. Las tres son familiares de desaparecidos en dictaduras militares y lo que le piden al Estado Boliviano es JUSTICIA. No es una huelga de hambre contra el gobierno de Evo Morales, no es un pedido de beneficios personales, no es una "huelga masiva", su acto, sobre todo y ante todo denuncia la lenidad de la justicia boliviana.
Las familiares de los desaparecidos Juan Carlos Flores Bedregal, Tirso Montiel y Rodolfo Flores Samillan exigen a las autoridades nacionales:
1. Que el Presidente Evo Morales ordene al ejército la devolución de los restos de nuestros familiares y sus pertenencias que están bajo jurisdicción militar. Asimismo ordene la desclasificación de los archivos del Estado Mayor del Ejército como un derecho del pueblo a la información y de los familiares a conocer la VERDAD sobre lo que sucedió con ellos.
2. Que se abra inmediata investigación y exhumación de todos los casos de detenidos desaparecidos que se produjeron durante las dictaduras militares comenzando por el periodo de Teoponte.
3. Que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se comprometa a dar fin a la retardación de justicia y abra procesos disciplinarios contra todos los jueces que hasta el momento han distorsionado y obstruido la ley, en los casos de los desaparecidos: José Carlos Trujillo Oroza, Renato Ticona Estrada, Juan Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga Santa Cruz.
4. Que el Congreso Nacional de apertura a un Juicio de Responsabilidades contra el Fiscal General de la República Mario Uribe Melendrez porque en los casos señalados el Ministerio Público no sólo no ha cumplido con su rol de representar los intereses de las sociedad y el Estado sino que ha sido cómplice y encubridor de estos crímenes.
5. Que el Parlamento nacional controle y fiscalice el cumplimiento de los preceptos constitucionales, leyes nacionales y convenios internacionales de carácter vinculante que sancionan la desaparición forzada. En este sentido pedimos que el Parlamento Nacional emita un pronunciamiento solemne de DESAGRAVIO a nuestros familiares desaparecidos.
El Gobierno de Bolivia no puede ni debe hacerse de oídos sordos, no puede minimizar esta demanda, ante este pedido clamoroso tiene la gran oportunidad de dar una clara señal al pueblo boliviano, de hacer eco de la consigna de las Madres de Plaza de Mayo: "¡Ni olvido, ni perdón, Justicia!".
Hace unos días las organizaciones sociales suscribieron en el Palacio de Gobierno un Pacto Nacional Contra El Terrorismo; pues bien, no se les olvide que Bolivia vivió décadas aciagas de TERRORISMO DE ESTADO, décadas en las que se conculcaron los más elementales derechos humanos, en las que la desaparición forzosa, el encarcelamiento, la tortura, el exilio eran pan de cada día. Hoy por hoy, gracias a la lucha tesonera del pueblo boliviano, y que fue iniciada por otras cinco valerosas mujeres bolivianas, gozamos de un estado de derecho, y la única garantía que tenemos para continuar gozando del derecho a elevar nuestras voces sin miedo a ser reprimidas, es dando a quienes corresponde el justo castigo que se merecen, la condena que corresponde. Gracias a un Juicio de Responsabilidades, García Meza está encarcelado, es el mayor responsable de una de las más sangrientas dictaduras y bien merecida tiene su condena; pero no fue el único, no actuó solo, tuvo cómplices y estos siguen gozando de impunidad.
Mientras los días pasan, los "implacables" (cuando les conviene) plazos de la justicia se van cumpliendo indefectiblemente, en unos días más los obrados del juicio contra los autores materiales e intelectuales de los crímenes de desaparición forzada y asesinato contra Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal, y otras víctimas de las dictaduras, llegarán a la Corte Suprema De Justicia y concluirán en ¡NADA! Debido a las "fallas procedimentales" y otras absurdas acciones de fiscales, jueces y abogados que hicieron MAL su trabajo.
Mientras los asesinos se paseen por las calles gozando de impunidad, las vidas de estas tres mujeres y de todas las personas que apoyan la justa causa que las acompaña, estarán en peligro. ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos, que no se manifiestan? ¿Dónde está la Defensora del Pueblo? ¿Dónde están los compañeros de lucha de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal? ¿Dónde están las otras y los otros familiares de mártires por la democracia? ¿Es que vamos a permitir que esta causa también termine como bandera en manos de los sinvergüenzas que durante veinticinco años de democracia pactada evadieron su responsabilidad ante la causa de estas mujeres?
La huelga de hambre, lamentablemente, se ha convertido en un acto público sin mayores consecuencias, tan desacreditada está la medida extrema que ya nadie se conmueve ante una huelga de hambre; pero, en este caso, es el último recurso de quienes no tienen nada más que hacer, después de haber agotado todas las instancias legales para obtener una respuesta: ¿dónde enterraron, o qué hicieron con los cuerpos de estos hombres? El Estado boliviano y dentro de él, particularmente, el Ejército Boliviano, le deben una respuesta nítida y clara a estas mujeres, de lo contrario, seguirá pesando sobre esta institución la sospecha del ocultamiento de la verdad.
