viernes, 24 de febrero de 2017

PRESIDENTE DEL ESTADO Y "MAXIMO EJECUTIVO" DE LOS COCALEROS*


La Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de sus respectivas Cámaras, ha tratado en estos días el PL-077/2017-2018 “Ley General de la Coca” entre amagues de conflicto, detenciones y la simulación de “negociaciones” que terminaron con “acuerdos” impuestos, tras que el Gobierno sindicara de “golpista” a la dirigencia cocalera paceña.

El asunto es que, ya llegados al final del procedimiento legislativo, Morales Ayma está impedido constitucionalmente de promulgar la Ley de la Coca (cuyos antecedentes ocultaron los necesarios “estudios de conversión” sobre cuántos kg. de cocaína pueden producirse a partir de una tonelada de la hoja p.ej.) El Art.236 de la Constitución establece que: “Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública: (…) actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde presta sus servicios”. En este caso, dicho conflicto se suscita entre el Estado y el sector de los cocaleros, respectivamente.


Al haber sido Morales Ayma reelecto el 2016 como “máximo ejecutivo” de los cocaleros en el XIII Congreso de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico, promulgando la Ley de la Coca, estaría beneficiando al sector del cual es, simultáneamente, su máximo dirigente. Es decir, estaría ABUSANDO de su condición de dirigente, aparentemente “obteniendo ventajas” (económicas, entre otras, al incrementarse el número de hectáreas) en beneficio propio (como máximo dirigente) y del sector cocalero. (Art.228, Cód.Penal).

Así también, el Art. 239 de la CPE establece expresamente que: “Es incompatible con el ejercicio de la función pública: 2 (…) la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado”; pareciendo ser aquí la “persona aventajada” la Federación del Trópico p.ej. (persona colectiva) cuyo “máximo ejecutivo” es también Presidente del Estado Plurinacional.

En efecto, en el referido XIII Congreso cocalero existía una “comisión de la hoja de coca” que, entre sus conclusiones (abyayala.tv.bo, 29.09.16), precisamente contemplaba propuestas legislativas como la polémica Ley General de la Coca.

Claramente los intereses (dirigenciales-cocaleros) de Evo Morales entran en conflicto con los de la entidad donde presta sus servicios (Presidencia del Estado Plurinacional), hace 11 años. De promulgar la Ley General de la Coca, violando la prohibición expresa precitada, Morales Ayma incurriría en ABUSO DE AUTORIDAD, emitiendo una resolución (acto de promulgación) CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN, entre otros ilícitos.

* Artículo tomado y adaptado desde eju! (http://eju.tv/)